El Tribunal de Río Grande condenó a un joven de 24 años a 8 años de prisión por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en una causa que estuvo marcada por la retractación de la víctima y un complejo contexto familiar.

Durante el proceso, el fiscal Martín Bramati sostuvo la acusación y explicó los fundamentos que llevaron a la condena. Tras conocerse el fallo, señaló: “Nosotros teníamos por acreditados los hechos, evidentemente el tribunal coincidió con nosotros en eso, no así con la pena”, y agregó que las diferencias se analizarán en función de los fundamentos: “seguramente la ponderación de los agravantes y atenuantes”.

Uno de los puntos centrales del caso fue la retractación de la víctima. En ese sentido, Bramati afirmó que, para la Fiscalía, existió presión del entorno familiar: “para nosotros quedó claro que sí, que había una presión familiar para que ella se retracte”. Según detalló, la joven modificó su versión en distintas oportunidades: “las retractaciones en sí ni siquiera fueron congruentes o coincidentes. Incluso las dos primeras parecían irracionales”.

A pesar de esos cambios, el fiscal remarcó que la investigación se sostuvo con otros elementos probatorios: “todas las medidas, todas las pericias y todas las intervenciones habían sido correctas como en cualquier caso de abuso y todo daba como indicador que el abuso había existido”. En esa línea, destacó el valor de la prueba inicial: “Muchísimo, fue la declaración espontánea de ella al inicio de la investigación, cuando ella realmente contó lo que nosotros consideramos que sucedió”.

Bramati también explicó que, aunque se trate de delitos de instancia privada, la causa puede avanzar una vez iniciada: “se convierte como si fuera un delito común en el que podemos investigarlo prescindiendo aún de la voluntad de la víctima”. Incluso consideró que las últimas declaraciones de la joven no reflejaban su verdadera voluntad: “creemos que lo que nos vino diciendo en los últimos meses ha sido más un pedido familiar que un deseo de ella”.

En relación con el desarrollo del juicio, indicó que la Fiscalía intentó evitar que la víctima declarara por el impacto que podía generarle: “sosteniendo que le hacía mal, que podía afectar su situación personal, física, mental, incluso hasta su embarazo”, aunque finalmente el Tribunal permitió su testimonio.

Por último, el fiscal se refirió a la situación actual de la víctima y las medidas adoptadas: “el tribunal dispuso medidas protectivas respecto a la víctima así que sí, está eso garantizado”.