Una disputa judicial por la propiedad de una vivienda en Tolhuin derivó en una causa penal que involucra al intendente Daniel Harrington y a varios funcionarios municipales. Todo comenzó tras la denuncia presentada por Andrea Verónica González Valle, hija del fallecido propietario del inmueble ubicado en la calle Rupatini 560.

Según consta en la denuncia, la mujer fue intimada por la Municipalidad para regularizar la situación del inmueble, cumpliendo con los requisitos establecidos por ordenanza para obtener el título de propiedad. No obstante, pese a que habría presentado la documentación correspondiente, desde el Ejecutivo local avanzaron con la desadjudicación del inmueble, el cual fue posteriormente entregado en calidad de donación a un centro de jubilados.

Ante estos hechos, González Valle amplió su denuncia penal, argumentando que la documentación que acredita su respuesta a las intimaciones desapareció misteriosamente. La gravedad de esta acusación impulsó a la Justicia a actuar.

En respuesta a la denuncia, el intendente Daniel Harrington decidió anular la donación del inmueble y firmó un nuevo decreto para restituir la vivienda a la denunciante. Sin embargo, el conflicto no se cerró allí.

El fiscal Mayor de Tolhuin, Martín Bramatí, consideró que existen elementos suficientes para imputar a Harrington, así como a la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, la secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano, Valeria Sandoval, y el asesor letrado Alexis Solís. El pedido fue elevado al juez Silvio Pellegrino, quien deberá decidir si los llama a declarar en el marco de la causa, luego de notificarlos de sus derechos y garantías.

Aunque desde el Municipio aseguran que el conflicto quedó resuelto con la restitución del inmueble, la investigación judicial sigue su curso y podría desembocar en nuevas instancias legales.