El Gobierno de Tierra del Fuego recusó formalmente al juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto “Nene” Löffler, acusándolo de falta de imparcialidad por expresar opiniones previas contrarias a la reforma constitucional e incurrir en demoras injustificadas para resolver el expediente que suspendió las elecciones de convencionales constituyentes.

La presentación fue realizada por el Fiscal Subrogante Antonio Petkos, con el patrocinio letrado de Emiliano Fossatto. En el escrito se invocan dos causales establecidas por el Código Procesal de la provincia: prejuzgamiento y enemistad manifiesta. Según el Ejecutivo, ambas conductas comprometen de forma grave el deber de neutralidad del magistrado.

Uno de los principales argumentos es que Löffler ya había fijado posición en contra del proceso de reforma desde mucho antes del inicio del juicio. Así, se citan declaraciones públicas del juez realizadas en 2023, durante la presentación de su libro La Constitución Fueguina comentada, donde expresó: “No soy partidario de reformar las constituciones cada 30 o 40 años. Las constituciones están hechas para durar. Lo que hay que hacer es cumplirla y respetarla”. También habría reiterado su rechazo en entrevistas radiales, donde advirtió que modificar los textos fundamentales “en contextos de crisis” es peligroso porque “altera la esencia del pensamiento social”.

Para el Ejecutivo, esas afirmaciones constituyen un adelantamiento de opinión contrario al principio de imparcialidad judicial, y por tanto, habilitan su apartamiento. El escrito cita doctrina de la Corte Suprema que considera este tipo de conductas como causales válidas de recusación e incluso de enjuiciamiento.

Por otro lado, se señala que el magistrado retuvo indebidamente el expediente de las causas acumuladas Lechman y Rossi, lo que generó una demora injustificada en el dictado del fallo de fondo. De acuerdo al informe presentado, el expediente permaneció durante meses en la vocalía de Löffler pese a los reiterados pedidos para que se resolviera el caso. Recién el 27 de mayo de este año, y tras una solicitud de copias, el expediente fue devuelto por el propio juez a la Secretaría de Demandas Originarias.

El Gobierno también cuestiona otras actitudes del magistrado que, a su criterio, confirman una postura obstructiva: la reserva injustificada del dictamen fiscal y la restricción del acceso digital al expediente. Para el Ejecutivo, se trata de una “dinámica procesal opaca y dilatoria” que viola los principios de publicidad, celeridad y derecho de defensa.

“La actuación del Dr. Löffler erosiona la confianza pública, compromete la seguridad jurídica y debilita la vigencia del Estado de Derecho”, señala el escrito presentado. Y concluye que “el apartamiento inmediato del magistrado es la única respuesta compatible con la ética judicial y la legalidad vigente”.

También recusadas Battaini y Cristiano

Por ello, la presentación no solo busca apartar al juez Löffler del expediente, sino que pone en entredicho la transparencia y el funcionamiento del Superior Tribunal en una causa de enorme impacto institucional.

Ahora será el propio STJ el que deberá resolver si hace lugar o no a la recusación. Como tres de los cinco jueces están involucrados en incidentes similares, la definición deberá realizarse con un juez de Cámara que se sume a los magistrados Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik para conformar el nuevo tribunal.