El camarista Andrés Leonelli, integrante de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, habló públicamente luego de haber sido sobreseído en forma definitiva en la causa por la detección de imágenes de abuso sexual infantil que lo había tenido bajo sospecha. El magistrado aseguró que tanto él como su familia atravesaron una situación “muy dura e injusta”, y adelantó que analiza iniciar acciones legales por los agravios sufridos durante el proceso.

“Fueron momentos muy duros los que nos tocó vivir con mi familia y muy injustos porque desde el minuto cero la Justicia tenía todos los elementos para darse cuenta que nunca se trató de tenencia ilegal de imágenes sino de una descarga por defecto de un zip, en total desconocimiento de mi parte”, explicó Leonelli, quien destacó que desde el inicio de la investigación existían pruebas técnicas que demostraban su inocencia.

El juez recordó además que “esa descarga accidental además se había hecho desde una computadora judicial, en horario laboral y entre miles y miles de sentencias, no dicho esto por mí, sino por la entidad de monitoreo que hizo constar esa información en un reporte”.

Tras quedar desvinculado definitivamente del expediente, Leonelli sostuvo que lo ocurrido formó parte de lo que definió como una “operación mediática”. “Resulta inentendible que en el mismo momento que se allanaba mi casa la noticia se difundía en muchos medios y hasta inclusive algunos nacionales. Resultó muy penoso para mí tener que contener a mi esposa y mis hijos y a la vez intentar tranquilizar a mi madre, que vive en el norte del país, que estaba muy angustiada porque se había enterado por los noticieros que me estaban allanando e imputando cargos absurdos”, relató.

El camarista también se refirió a las declaraciones del abogado Jorge Pintos, quien había opinado públicamente sobre el caso. “Los dichos de Pintos fueron de una irresponsabilidad absoluta. Como ya lo he dicho, las imágenes en cuestión nunca fueron de niños riograndenses. Se trata de material que los pedófilos se procuran en el Internet profundo y que hacen circular en el mundo. Ese material de procedencia internacional formó parte de una investigación en la que debí intervenir en el año 2016, cuando ejercía funciones de juez instructor en Río Grande”, señaló.

En esa línea, agregó que las imágenes “pueden tener más de 30 años. Capaz que los niños de las fotos de ese momento hoy tienen 40 años. El sujeto imputado no las producía, las consiguió, las tenía en su poder y las difundió en la red”. También aclaró que no le correspondía destruir el material, ya que “dejé Río Grande para continuar mi carrera judicial en Ushuaia en febrero de 2017, y las actuaciones, como estaban en trámite, pasaron a ser competencia de otro juez”.

Visiblemente molesto por las declaraciones del abogado, Leonelli expresó: “Yo no puedo salir a explicar lo que dice un bobo irresponsable como Pinto, que habló sin tener ningún conocimiento del caso”.

Consultado sobre los pasos a seguir, el magistrado confirmó que junto a su abogado Gustavo Ariznabarreta evalúa accionar judicialmente contra quienes lo difamaron. “Se van a tomar las acciones que corresponde porque no se puede decir cualquier cosa sobre la vida ajena, y quedar impune. En mi caso como en el del buen nombre y honor de cualquier ciudadano. Y además porque acá no hubo un afán de proteger a niños, como quiso aparentar. Lo que dijo Pintos fue para confundir a la sociedad”, afirmó.

Leonelli insistió en que desconoce los motivos detrás de lo que considera una campaña en su contra: “Desconozco a qué interés responde Pintos y por qué tuvo tanto afán en hacerme daño. Aclaro que es una persona que solo conozco por el ejercicio profesional y que he tratado como juez y él como parte. De hecho —y perdón que lo diga— pero hay que decirlo también: a Jorge Pintos lo exoneraron de Gendarmería Nacional, fue condenado por hurto y por incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando pertenecía a esa fuerza. Lo echó el presidente Carlos Menem con un decreto presidencial en la década del 90 y fue además inhabilitado para ejercer cargos públicos. Este es el perfil de quien me agravió de manera temeraria e interesada, vaya uno a saber por qué”.

Finalmente, el camarista concluyó que continuará con las acciones necesarias para reparar el daño causado a su imagen y a la de su familia. “Con mi abogado Gustavo Ariznabarreta vamos a ejercer las acciones correspondientes, porque esta persona me ha difamado durante todo el proceso sin razón aparente”, señaló.