La sanción impuesta a Prodesur incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $56.700.000, reducida en un 50% por allanamiento según la normativa. Esta penalidad representa una fracción del valor de mercado del recurso decomisado.

La mercancía decomisada tiene un valor estimado de 2.500 millones de pesos (más de 2,6 millones de euros). Se espera que esta carga sea subastada públicamente en los próximos días por la Secretaría de Pesca de la Nación.

El buque pesquero Tai An cumplió, el pasado lunes 29 de abril, 40 días desde que arribó al puerto de Ushuaia tras ser infraccionado por actividades de pesca en un área de reserva y con un permiso vencido desde 2020. La Secretaría de Pesca de la Nación inhabilitó “momentáneamente” el certificado de Pesca del buque.

El Tai An fue denunciado por las empresas Argenova, Estremar y Pesantar, por pescar 175 toneladas de individuos jóvenes de merluza negra en un sector restringido del Atlántico Sur, lindero a la Isla Grande de Tierra del Fuego. La empresa propietaria del barco enfrenta acusaciones adicionales de pesca ilegal de merluza negra, sin autorización ni licencia durante los últimos cuatro años.

La Prefectura Naval Argentina también presentó una denuncia penal por presunto daño ambiental en el Juzgado Federal de Ushuaia, relacionado con la pesca desmedida de esta especie por parte del Tai An.

El empresario nacionalizado argentino, Liu Zhinjang, titular de Prodesur, en una entrevista ofrecida a un medio local, relató su versión de los hechos, refutando las acusaciones en su contra y señalando que las empresas que lo denunciaron son sus competidores. “Hay dos empresas que están pescando en Malvinas, lo que es ilegal” dijo el empresario argumentando que fue “el centro una embestida mediática nacional orquestada por los dueños de esas tres empresas”.

El caso del buque pesquero Tai An destaca la urgente necesidad de fortalecer los controles y regulaciones contra la pesca ilegal en las aguas argentinas. Las actividades pesqueras irresponsables no solo ponen en peligro la sostenibilidad de los recursos marinos, sino que también afectan negativamente a las comunidades locales y al medio ambiente.

Es crucial que las autoridades competentes implementen medidas efectivas para prevenir, detectar y sancionar la pesca ilegal, garantizando el cumplimiento de las leyes y protegiendo los ecosistemas marinos vulnerables. Además, es fundamental promover la cooperación internacional y la adopción de prácticas pesqueras sostenibles para preservar la biodiversidad marina y asegurar el bienestar de las generaciones futuras.

Solo mediante un enfoque coordinado y comprometido de todos los actores involucrados, incluidos gobiernos, empresas pesqueras, organizaciones internacionales y la sociedad civil, podremos proteger nuestros océanos y garantizar un futuro viable para la pesca y las comunidades costeras.