Los retirados y pensionados de las fuerzas policiales del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego que mantienen créditos con el Banco de Tierra del Fuego contarán con una protección especial por seis meses, luego de que entrara en vigencia una ley que paraliza las acciones judiciales vinculadas a esas deudas.

La norma establece que durante 180 días no podrán iniciarse ni continuar los procesos ejecutivos promovidos por la entidad bancaria contra quienes perciben el complemento previsional provincial y se vieron afectados por los retrasos registrados en el pago de ese beneficio. La medida fue impulsada para evitar que la falta de percepción de esos fondos derive en mayores perjuicios económicos para los beneficiarios.

El proyecto había sido aprobado por la Legislatura, pero posteriormente recibió un veto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los legisladores insistieron con la iniciativa y consiguieron su sanción definitiva, permitiendo su entrada en vigencia.

Además de frenar las ejecuciones, la ley impide al Banco de Tierra del Fuego aplicar intereses punitorios sobre las obligaciones comprendidas en este régimen y prohíbe adoptar medidas cautelares vinculadas a esos créditos. También establece que estos incumplimientos no podrán generar antecedentes negativos en registros financieros.

La disposición alcanza únicamente a las deudas originadas por la imposibilidad de afrontar los pagos como consecuencia de la demora en la liquidación del complemento previsional. Asimismo, se habilita la posibilidad de extender la suspensión por otros seis meses si persisten las causas que dieron origen a la medida.

La legislación también faculta a la entidad bancaria a diseñar un esquema de refinanciación y reestructuración que contemple la capacidad económica de los afectados. En paralelo, se instruye al Gobierno provincial a normalizar el pago del complemento previsional y se incorporan cambios en la Caja Compensadora de la Policía, entre ellos la eliminación de remuneraciones y viáticos para sus directores.