Este martes comenzará en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y considerado una de las mayores tragedias en la historia reciente de la Armada Argentina.

En el banquillo de los acusados estarán cuatro ex altos mandos de la fuerza: Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones. Todos enfrentan cargos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. Se estima que las audiencias se extenderán durante varias semanas, con la incorporación de peritajes técnicos, documentación oficial y declaraciones testimoniales que buscarán reconstruir lo sucedido antes del naufragio.

El tribunal deberá analizar si existieron fallas en el mantenimiento del submarino, deficiencias operativas o decisiones erróneas en la cadena de mando que pudieran haber incidido en el desenlace fatal, en el que murieron 44 tripulantes.

La sede del proceso fue motivo de discusión en instancias previas. En octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el juicio debía realizarse en Río Gallegos al tratarse de un hecho ocurrido en alta mar, descartando su traslado a Mar del Plata o a los tribunales de Comodoro Py.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y de los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa vinculada al presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas.

El inicio del juicio marca una instancia clave en la determinación de eventuales responsabilidades penales y en el reclamo de verdad y justicia por parte de los familiares de los 44 marinos fallecidos.