El caso no surge de manera aislada. En 2023, López ya había obtenido un fallo favorable en la Justicia Federal de Ushuaia, donde se había declarado inconstitucional una restricción similar para los comicios nacionales. Ahora, con esta nueva resolución, el mismo criterio fue trasladado al plano electoral provincial.

Aunque la sentencia fue limitada al caso concreto del amparista, sus fundamentos generaron repercusión dentro del sistema penitenciario. La resolución sostiene que impedir el voto de forma automática, sin analizar cada situación particular, afecta derechos fundamentales, lo que podría abrir la posibilidad de nuevos planteos judiciales individuales.

Tras conocerse el fallo, alrededor de veinte internos de la Unidad de Detención N° 1 comenzaron a presentar sus propios amparos para ser incluidos en el padrón antes de las próximas elecciones provinciales. Los escritos se multiplicaron durante el fin de semana y apuntan a obtener una respuesta rápida de la Justicia.

La definición práctica quedó ahora en manos del Tribunal Electoral y del Registro Provincial de Electores, que deberán resolver cómo avanzar con las nuevas solicitudes. La falta de un plazo concreto en la resolución judicial abre un escenario de incertidumbre, ya que una demora administrativa podría impedir que los internos reclamantes lleguen a ejercer efectivamente su derecho al voto.