En una entrevista con Radio Provincia, el juez de Cámara Andrés Leonelli rompió el silencio luego de que la Justicia desestimara la causa que lo tuvo en el centro de un escándalo: la sospecha de tenencia de material de abuso sexual infantil en su cuenta personal de Google. Durante más de una hora de diálogo, el magistrado repasó los hechos que se remontan a su paso por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Río Grande, cuestionó a quienes llevaron adelante la investigación y expuso el fuerte impacto que todo el proceso tuvo en su vida privada.

Leonelli explicó que la historia comenzó cuando en 2016 investigaba un caso de distribución de pornografía infantil. “El material llegaba en formato digital, encriptado, comprimido en un archivo ZIP”, recordó. La clave para abrirlo era provista por la justicia federal. “Al ingresar la contraseña, las imágenes se descargaban automáticamente en la computadora. No es que uno seleccionaba archivo por archivo; era la única manera de poder analizarlas”.

Ese material, de origen judicial, quedó almacenado en su computadora oficial. Años después, en 2019, ya en otro cargo, decidió migrar parte de su respaldo digital a Google Drive para liberar espacio. “No guardé nada para uso personal: era prueba de una causa”, subrayó.

Tiempo después, Google detectó las imágenes y suspendió de manera automática su cuenta. “Me encontré con que no podía ingresar a Gmail, Drive, Calendar, nada. Fue una muerte digital. Todos mis servicios estaban vinculados a esa cuenta”, describió.

Intentó múltiples vías para recuperar el acceso: formularios, reclamos, cartas documento e incluso una denuncia ante Defensa del Consumidor. “Jamás me respondieron. Es un mecanismo opaco. Una empresa privada tomó una decisión sin darme la posibilidad de explicarme”.

El juez fue contundente al describir el procedimiento que le siguió la magistrada a cargo de la investigación en Ushuaia, María Barrio Nuevo. “Hubo una torpeza o una falta de diligencia pocas veces vista. Antes de allanar mi casa y mi oficina, bastaba con pedir informes al juzgado de Río Grande para comprobar el origen del material”, afirmó.

Relató que en su domicilio personal se incautaron dispositivos electrónicos y que debió someterse a pericias exhaustivas. “Todo estaba en orden. Pero mi familia sufrió. Mi esposa encontró en redes sociales comentarios de gente que pedía pena de muerte. Eso es algo que no me deja dormir”, confesó.

La situación se tensó aún más cuando trascendió que el camarista que debía revisar el caso, Javier Fernández, figuraba junto a Leonelli en un fideicomiso inmobiliario. “No existe sociedad comercial ni amistad íntima. Era un grupo de 17 personas que se juntó para comprar un terreno. No hay ningún vínculo personal que ameritara su apartamiento”, explicó. Aun así, Fernández decidió excusarse “para despejar dudas”.

Leonelli valoró el trabajo de los peritos forenses, pero criticó la ausencia de protocolos claros sobre el manejo de material sensible. “No hay lineamientos uniformes para descargar, almacenar y destruir este tipo de pruebas. Cada juzgado se las arregla como puede, y eso abre la puerta a malentendidos gravísimos”, advirtió.

Destacó, además, que la pandemia aceleró la digitalización en el Poder Judicial, pero sin una difusión suficiente de las herramientas seguras que estaban disponibles: “Algunas soluciones existían, pero nadie las comunicó oficialmente. El problema de fondo es estructural”.

La causa quedó finalmente archivada al confirmarse que el origen de los archivos era un expediente judicial y no una búsqueda personal. Sin embargo, el costo para el magistrado fue alto. “Esto afectó mi salud, mi familia, mi reputación. Hubo noches en las que no pude dormir. Sentí que mi nombre quedaba manchado para siempre”, expresó con visible emoción.

“Hoy que esto se terminó, entre comillas, no tengo otra opción que decir lo que siento y lo que veo. No busqué esta situación y voy a seguir defendiendo mi honra con la verdad”, concluyó.