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Judiciales

Escraches en redes: advierten sobre las consecuencias legales de acusaciones falsas

El presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, Dr. Renán Uribe, analizó el alcance legal de los escraches en redes sociales y advirtió sobre los riesgos de incurrir en falsas acusaciones públicas.

En diálogo con Aire Libre Fm el Dr. Renán Uribe, abogado y presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, se refirió a un tema que preocupa y que se ha vuelto cada vez más frecuente: los escraches en redes sociales. Esta práctica, comúnmente motivada por un sentimiento de impotencia o falta de respuestas rápidas de la justicia, puede traer consecuencias judiciales serias para quien lo realiza.

Recientemente, se conoció un fallo favorable a una docente de Tolhuin que fue escrachada públicamente en Facebook. Lejos de permanecer en silencio, la víctima realizó una presentación judicial para defender su honor y limpiar su nombre. “La docente tuvo que atravesar todo un proceso judicial a raíz de una acusación falsa. Finalmente, la justicia falló a su favor”, explicó Uribe.

En ese caso, la justicia determinó que la persona que había realizado el escrache debía disculparse públicamente a través de las mismas redes sociales donde había difamado a la docente. “Esto demuestra que, aunque muchos creen que las redes sociales están fuera de control, hay respuestas judiciales. Cuando uno miente y falta a la verdad, hay consecuencias”, sostuvo el abogado.

Uribe remarcó que el derecho suele ir detrás de las conductas humanas, y que si bien existe una legislación sobre delitos digitales, aún hay situaciones que requieren adaptación y actualización legal. “Hoy vemos que los escraches son una práctica muy común. Pero hay que tener cuidado. Si no se puede respaldar lo que se dice, se incurre en un riesgo serio de ser imputado”, agregó.

Además, advirtió que, en casos que involucran a menores —como los de bullying o agresiones en redes sociales— los padres pueden ser responsabilizados. “Sí, los padres pueden ser demandados. Se puede acudir a la fiscalía, y si hay pruebas, como impresiones o certificaciones notariales de las publicaciones, se puede iniciar una causa”, dijo Uribe.

Consultado sobre cómo proceder frente a estas situaciones, recomendó no actuar impulsivamente. “Primero hay que agotar las instancias dentro de la institución educativa o el Ministerio correspondiente. Y si no hay respuesta, ahí sí iniciar las acciones legales”, subrayó.

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