La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego decidió avanzar con una denuncia penal contra las máximas autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), luego de una investigación abierta por reclamos reiterados de afiliados que reportaron cobertura caída, prestaciones suspendidas y falta de respuestas. La medida quedó formalizada en el dictamen 3/26, emitido el jueves 12.

El expediente se activó tras presentaciones que describieron cuadros críticos: interrupción de tratamientos psiquiátricos, neurológicos y cardiológicos, trabas para acceder a medicación oncológica, demoras en prótesis y cortes de servicios en clínicas y farmacias. En el caso de Córdoba, beneficiarios también señalaron la caída del convenio de reciprocidad con APROSS, situación que habría dejado sin cobertura a jubilados y estudiantes que residen allí.

Según lo expuesto por Fiscalía, la respuesta institucional de OSEF fue lenta, incompleta o directamente inexistente. En ese marco, el organismo de control debió enviar al menos siete notas formales, algunas con apercibimiento penal, hasta recibir un descargo que igualmente fue considerado parcial. Además, se mencionan trámites rotulados como “urgentes” que se estiraron más de cinco meses, pese a los plazos que fija la normativa administrativa.

En paralelo, el dictamen puso la lupa sobre la falta de transferencia de aportes y contribuciones por parte del Gobierno provincial y de los municipios de Río Grande y Tolhuin. La documentación incorporada dio cuenta de una deuda certificada superior a $2.600 millones atribuida a los municipios, respaldada con certificados con carácter de título ejecutivo, lo que habilitaba el inicio inmediato de acciones judiciales de cobro.

Respecto del Ejecutivo provincial, se consignó que a diciembre de 2025 se reconocía una deuda de $163 millones por mora en el pago de contribuciones correspondientes a octubre. Sin embargo, desde la propia OSEF se argumentó que no podía determinarse con precisión el saldo por fallas en la registración e imputación contable de fondos ingresados. Para Fiscalía, esa admisión constituye una grave debilidad de gestión y control interno.

Uno de los ejes más duros del pronunciamiento apunta a que, aun contando con títulos ejecutivos “firmes y exigibles”, no se impulsaron —o se demoraron indebidamente— acciones judiciales e institucionales para recuperar acreencias millonarias. La observación cobra mayor peso, según el dictamen, porque el propio servicio jurídico de OSEF describió un “quiebre estructural en la cadena de pagos” y una afectación directa al derecho a la salud, vinculando la crisis a la falta de recursos.

La investigación también incorporó advertencias de Auditoría Interna: procedimientos que debían resolverse en menos de dos semanas se habrían extendido por meses antes de ingresar a fiscalización, y se planteó una posible elusión de la Ley Provincial de Compras y Contrataciones, con uso reiterado de mecanismos excepcionales bajo invocación de urgencia. Además, se indicó que proveedores de insumos médicos habrían suspendido la cuenta corriente por facturas impagas, derivando en pagos anticipados y condiciones menos favorables para el Estado.

Con estos elementos, Fiscalía evaluó que podrían configurarse figuras como incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y omisión de denuncia. La resolución ordena presentar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y notificar al Gobernador, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas. El dictamen, además, recuerda antecedentes de crisis similares en organismos predecesores como el ISST y el ex IPAUSS, y sostiene que no sería la primera vez que se detecta tolerancia o inacción frente a incumplimientos que terminan impactando en la atención sanitaria.