En el marco del juicio oral y público contra Isabelino Torres, capataz de una estancia acusado de intentar matar con un cuchillo a otro trabajador durante una discusión laboral ocurrida en 2017, tanto la querella como la Fiscalía solicitaron una pena de 8 años de prisión.

Francisco Giménez, quien forma parte de la querella, explicó que el pedido se realizó tras analizar las pruebas incorporadas durante el debate y la gravedad del hecho. “Consideramos que es el monto de pena adecuado teniendo todas las circunstancias que se analizaron durante el juicio. Tratamos de ser lo más objetivos posible, el máximo era de 16 años, consideramos que 8 era la pena adecuada por la gravedad del hecho que se investigó y se juzgó en el día de hoy”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales planteados por la querella fue que el propio imputado reconoció haber agredido a Raúl Moreyra, aunque alegó haber actuado en legítima defensa. Sin embargo, Giménez remarcó que esa versión no fue acreditada. “El pedido de pena y de condena tiene que ver, en principio, con la propia confesión del imputado, el señor Torres, que reconoció haberlo agredido a Moreyra. Si bien invoca una legítima defensa, una agresión previa, se comprobó que no existió”, afirmó.

En la misma línea, la Fiscalía sostuvo que el caso debe encuadrarse como tentativa de homicidio y no como lesiones. Para ello, hizo hincapié en el arma utilizada y en la mecánica del ataque. “Se trata de un cuchillo de tremendas dimensiones, seguramente para ser usado en el campo, extremadamente afilado, con una hoja de 20 centímetros de largo”, señaló el fiscal, al considerar que el medio empleado era idóneo para causar la muerte.

Además, desde la acusación se remarcó que el ataque fue sorpresivo y dirigido a zonas vitales. Según sostuvo la Fiscalía, se trató de “un acometimiento artero, desde atrás, sin posibilidad de defensa previa, con al menos siete puñaladas, dos de ellas dirigidas a zonas vitales, pulmones y abdomen”.

La querella también destacó la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien permaneció más de 53 días internado. “La gravedad de las heridas milagrosamente no lo mató, fueron dos puntazos en la zona del tórax, perforación del pulmón, otros que no llegaron a destino que son heridas defensivas”, detalló Giménez. Y agregó: “Si no hubiese sido por la rápida intervención de sus compañeros del campo que lo trasladaron rápidamente y del excelente trabajo que efectuaron los profesionales en el hospital regional, otra sería la cuestión, hoy estaríamos hablando de un homicidio”.

Otro de los puntos marcados por ambas partes fueron las consecuencias que el hecho dejó en la vida de Moreyra. Giménez cuestionó que, pese a ser la víctima, el trabajador fue despedido y no pudo reinsertarse laboralmente en el campo. “Él, siendo la víctima, lo despidieron del campo, sus patrones lo despidieron, y el agresor al día de hoy sigue trabajando. Estas cosas de locos”, expresó. Luego agregó: “Sigue como capataz, sigue trabajando normalmente, nunca dejó de trabajar, nunca estuvo detenido”.

Por su parte, la Fiscalía señaló como agravante la conducta posterior del acusado. “Tras acometer repetidamente contra Moreira, hasta asestar siete puntazos, lo dejó tirado y huyó del lugar”, sostuvo. También remarcó que el daño causado fue significativo: “El daño en la humanidad de Moreira ha sido tremendo. Ha estado 53 días en terapia intensiva, ha estado más de dos meses internado”.

Finalmente, Giménez cuestionó la demora de casi diez años para llegar a juicio y pidió que, una vez dictada la condena, el proceso no vuelva a extenderse. “Esperamos después que el Superior Tribunal de Justicia rápidamente confirme esta condena y no se tome años y años para que haya justicia, porque si pasa el tiempo, tantos años, no hay justicia para la víctima y tampoco es justo tener sometido a una persona debatiéndose entre la libertad y la prisión durante 10 años con todo lo que eso implica”, concluyó.