El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un Recurso Extraordinario Federal con el objetivo de que el juicio oral por el hundimiento del buque se desarrolle en Mar del Plata y no en Río Gallegos, como había resuelto la Cámara Federal de Casación Penal.
El letrado, que representa a 14 familias de las víctimas, calificó la resolución como “arbitraria, injusta, ilegal e inconstitucional”, al considerar que “implica una vulneración de las garantías constitucionales y del derecho de acceso a la justicia”. Tagliapietra insistió en que no se trata de una cuestión formal, sino de un tema que afecta la igualdad ante la ley: “Si el juicio se hace en Santa Cruz, a más de 2.000 kilómetros, la mayoría de los familiares quedará materialmente impedida de asistir”.
Los argumentos del recurso
En su presentación, el abogado sostuvo que la decisión de mantener la competencia en Río Gallegos constituye “una arbitrariedad manifiesta” y contradice el voto disidente del juez Gustavo Carbajo, quien había propuesto trasladar la causa a Mar del Plata. Entre los fundamentos principales, Tagliapietra explicó que “el lugar del hecho no corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz, ya que la implosión del ARA San Juan ocurrió fuera de la zona económica exclusiva argentina, a más de 200 millas náuticas”.También destacó que el submarino “tenía su base y puerto de partida en Mar del Plata, donde se emitieron las órdenes de operación”, por lo que la competencia natural debería recaer allí. Además, cuestionó que la causa se haya iniciado en Caleta Olivia y sostuvo que eso fue producto de “un claro caso de forum shopping, es decir, la elección de una jurisdicción más favorable para los imputados”.
El derecho de las víctimas
Tagliapietra advirtió que sostener la competencia en Santa Cruz “afecta gravemente el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, ya que la distancia imposibilitaría la participación efectiva de familiares, testigos y abogados”. En ese sentido, remarcó que “sería un juicio para pocos, porque la mayoría de los familiares vive en Mar del Plata o Buenos Aires y no puede trasladarse cientos de veces a Santa Cruz para asistir a audiencias que podrían extenderse por años”.El abogado citó además la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas, que establece que los procesos judiciales deben garantizar la participación activa y sin obstáculos de los damnificados. “No se puede hablar de justicia cuando el propio Estado impone barreras físicas y económicas a las familias que buscan verdad y reparación”, señaló.
Críticas a la “economía procesal”
La Cámara de Casación había argumentado que el juicio debía mantenerse en Santa Cruz por razones de “economía procesal”, debido a que la instrucción se realizó en esa provincia. Sin embargo, Tagliapietra consideró ese razonamiento como “una falacia mayor, casi un insulto”, recordando que “la investigación en Caleta Olivia demoró casi ocho años y aún no está concluida”.El abogado aseguró que trasladar la causa a Mar del Plata “no generaría demoras”, ya que “todo el material está digitalizado” y el cambio de jurisdicción permitiría “un proceso más ágil, transparente y cercano a los familiares y testigos”.
En manos de la Corte Suprema
Con el recurso ya presentado, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida finalmente si el juicio por las responsabilidades en el hundimiento del submarino ARA San Juan se lleva adelante en Río Gallegos o en Mar del Plata, donde residían la mayoría de los tripulantes y sus familias.“La economía procesal es una excusa. Lo que está en juego es la posibilidad real de que las víctimas sean escuchadas”, resumió Tagliapietra en su presentación ante el máximo tribunal.
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