La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la vía de apelación intentada por el organismo recaudador nacional en el conflicto que mantenía con Tecnomyl por la aplicación del impuesto PAIS sobre importaciones destinadas a su actividad industrial en Tierra del Fuego. La decisión deja vigente el pronunciamiento favorable que la empresa había obtenido ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El fallo fue dictado el 10 de septiembre en el expediente “Tecnomyl S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ incidente de apelación”. La demanda había comenzado contra la AFIP, posteriormente reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La Corte rechazó el recurso del organismo recaudador
El máximo tribunal no volvió a analizar el fondo completo de la controversia sobre el impuesto PAIS. La presentación del Fisco fue desestimada porque el recurso extraordinario no logró cuestionar adecuadamente todos los fundamentos independientes sobre los cuales se había sustentado la resolución de la Cámara Federal.En términos prácticos, la decisión impide que ARCA continúe por esa vía intentando revertir el pronunciamiento favorable a Tecnomyl.
La compañía informó el resultado ante la Comisión Nacional de Valores y anticipó que, junto con sus asesores legales y contables, analizará qué impacto tendrá la resolución judicial sobre su patrimonio y sus estados financieros.
El origen de la disputa por las importaciones
El conflicto se remonta a 2023, cuando el Decreto 377/2023 extendió el impuesto PAIS a determinadas operaciones de importación. Para las importaciones generales se fijó una alícuota del 7,5% y la entonces AFIP quedó habilitada para establecer pagos a cuenta del gravamen.Tecnomyl cuestionó que esas disposiciones pudieran aplicarse a importaciones destinadas a su producción en Tierra del Fuego. Su argumento se apoyó en las exenciones y particularidades tributarias contempladas por la Ley 19.640.
La empresa se encuentra formalmente incorporada desde 2022 al régimen promocional fueguino y posee su planta industrial en Las Violetas, sobre la Ruta Nacional 3, a unos 25 kilómetros de Río Grande.
Allí produce fitosanitarios, entre ellos herbicidas, fungicidas e insecticidas, para los cuales utiliza principios activos y otros componentes provenientes del exterior.
Un conflicto que tuvo impacto en la producción
La disputa tributaria coincidió con un período especialmente complejo para la actividad de la compañía. Durante 2023 existían restricciones para acceder al mercado cambiario y dificultades para efectuar pagos a proveedores internacionales.La combinación de esas limitaciones con el impuesto PAIS generó mayores costos y problemas para disponer de insumos necesarios para sostener la fabricación. En octubre de aquel año finalizaron alrededor de 80 contratos temporarios en la planta de Río Grande, mientras algunas líneas atravesaban inconvenientes por falta de componentes.
El planteo judicial terminó llegando a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que resolvió favorablemente para Tecnomyl. El Fisco intentó revertir esa decisión mediante un recurso extraordinario, pero esa presentación fue ahora rechazada por la Corte.
Qué alcance tiene la decisión
El pronunciamiento adquiere relevancia para el sector industrial fueguino, aunque no implica que la Corte haya establecido una exención automática del impuesto PAIS para todas las empresas comprendidas por la Ley 19.640.Al rechazar el recurso por cuestiones vinculadas con su fundamentación, el máximo tribunal dejó firme el resultado del expediente particular de Tecnomyl sin establecer una regla general aplicable de manera automática a todas las compañías radicadas en Tierra del Fuego.
Existen, sin embargo, otros antecedentes de empresas fueguinas que acudieron a la Justicia por planteos similares. Entre ellos se encuentra Australtex, que también cuestionó disposiciones relacionadas con la aplicación del impuesto PAIS y obtuvo un pronunciamiento parcialmente favorable de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Aunque el impuesto PAIS dejó de regir el 22 de diciembre de 2024, las disputas originadas durante sus años de vigencia continúan teniendo consecuencias judiciales y económicas. En el caso de Tecnomyl, la última decisión de la Corte deja firme el resultado favorable conseguido por la compañía y abre ahora una etapa de evaluación sobre sus posibles efectos económicos.
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