En el mes de abril, un trabajador de la Dirección Provincial de Energía le pegó un piedrazo a un perrito llamado “Coqui” en una de sus patas traseras. Los veterinarios hicieron todo lo que estuvo a su alcance para poder salvarla, pero lamentablemente, la extremidad debió ser amputado porque el daño había sido fatal.

Bajo este accionar, los dueños de la mascota automáticamente emitieron una denuncia penal por infringir la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales, la misma se produjo en el Juzgado de Instrucción N°3, donde solicitó la Dra. Griselda Engelhard ser actor civil y querellante, la cual afirmó que defenderá a “Coqui” en su carácter de animal y estará acompañada de los cuidadores, la DPE y el empleado acusado de los actos.

Recordemos que dicha Ley, conforma dentro de sus postulados una pena de 15 días con posible extensión a un año por malos tratos o ser víctima(animales) de actos de crueldad.

Afortunadamente, la audiencia se llevará a cabo en el Centro de Mediación Judicial, ya que se produjeron daños morales y perjuicios, la Dra. Engelhard aseguró que “lo interesante de este caso es que se puede abordar desde la cuestión de los daños y perjuicios y el daño moral, por lo que genera que un integrante de la familia sufra esta situación. Pensamos pedirle una especie de pensión vitalicia, porque ‘Coqui’ requiere de cuidados especiales”, agregó.

La AFADA (Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales) logró el fallo por parte de la Cámara Federal de Casación en el año 2015, por el caso de la orangutana Sandra que estaba alojada en el zoológico de Buenos Aires donde se la reconoció como sujeto no humano y titular de derechos a los cuales requieren de protección correspondiente.