La Justicia provincial concretó un nuevo allanamiento en la Unidad de Detención Nº1 de Río Grande para avanzar en la investigación por la violenta agresión sufrida por tres reclusos el pasado 9 de mayo. Durante el procedimiento, funcionarios judiciales y efectivos policiales accedieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en diferentes sectores del penal.

La medida fue dispuesta por la jueza de Instrucción Cecilia Cataldo, a partir de un pedido formulado por el fiscal mayor Martín Bramati. La decisión se tomó después de detectar presuntas inconsistencias entre las comunicaciones internas del Servicio Penitenciario y la documentación incorporada al expediente.

El operativo se suma al realizado la semana anterior, cuando fueron secuestrados dos teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes. Uno de los dispositivos pertenecería al interno Leandro Soto y el restante a Cristian Varas, por lo que ambos serán analizados para intentar reconstruir lo ocurrido.

La investigación también procura determinar qué sucedió con un destornillador y un fragmento de palo de escoba que habrían sido encontrados durante las primeras actuaciones. Según trascendió, esos objetos no habrían sido enviados al Juzgado ni agregados formalmente como evidencia en la causa.

Esta situación despertó sospechas sobre una posible retención de pruebas o la existencia de maniobras destinadas a dificultar el esclarecimiento del episodio. En el expediente aparecen investigados integrantes del Servicio Penitenciario y otros reclusos.

Además de establecer las responsabilidades por la golpiza que dejó gravemente heridos a tres internos, la Justicia busca determinar si hubo encubrimiento, ocultamiento de elementos o irregularidades durante las actuaciones posteriores al ataque.