De acuerdo al análisis, gran parte de esta actividad se realiza mediante licencias otorgadas por el gobierno ilegal británico de las islas, y tiene como principales protagonistas a buques españoles o asociados a empresas españolas, que operan bajo bandera “Falklands” y comercializan luego la producción en Vigo, desde donde se distribuye al mercado europeo y mundial.

Lerena advirtió que el foco internacional suele colocarse casi exclusivamente sobre la flota china, cuando —según sostiene— también participan activamente embarcaciones de Taiwán, Corea y España, tanto en alta mar como sobre especies migratorias originarias de la Zona Económica Exclusiva argentina. En ese contexto, remarcó que la situación en Malvinas representa uno de los mayores impactos sobre el ecosistema marino del Atlántico Sur.

El especialista cuestionó además la falta de acciones contundentes por parte del Estado argentino frente a la pesca ilegal, tanto la que se realiza dentro de la ZEE como la vinculada a la explotación de recursos en aguas bajo ocupación británica. También apuntó contra sectores de ONG ambientalistas por, a su entender, visibilizar selectivamente el problema y reducirlo a una cuestión biológica, sin abordar su dimensión económica y geopolítica.

En su análisis, Lerena alertó que detrás de algunos discursos ambientalistas se ocultan iniciativas que podrían favorecer la intervención de potencias extranjeras en el control del mar argentino, bajo el argumento de la conservación, lo que —según advirtió— implicaría un riesgo para la soberanía, la industria pesquera nacional y el control de los recursos naturales.

Finalmente, consideró inadmisible que la lucha contra la pesca ilegal se utilice como fundamento para habilitar patrullajes, controles portuarios o presencia extranjera en aguas argentinas, al sostener que estas problemáticas deben ser abordadas por los Estados ribereños de la región, con cooperación multilateral, pero sin ceder jurisdicción ni control sobre el Atlántico Sur.