AFARTE advirtió que el contrabando de celulares en Argentina dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un problema estructural que distorsiona el mercado tecnológico. Según datos sectoriales citados por la entidad, cerca de
uno de cada tres equipos activados proviene de circuitos informales, lo que equivale a
más de 55.000 teléfonos ilegales por semana y supera los
3 millones de unidades al año.
La asociación remarcó que el fenómeno se intensificó entre 2024 y 2025 y que la baja progresiva de aranceles no logró trasladar la demanda al canal formal ni reducir el volumen ilegal. De hecho, con información de la consultora Tesys para AFARTE, se señaló que en el primer cuatrimestre de 2025, con arancel del 16%, se importaron legalmente 185.538 unidades, y que tras la reducción al 8% la cifra cayó; en el total anual, las importaciones formales representaron apenas el 5% del mercado (6% en 2024).
Desde AFARTE, su directora ejecutiva Ana Vainman explicó que la reducción arancelaria —del 16% al 8% en mayo de 2025 y a 0% desde enero de 2026— obligó a las empresas a responder con mejoras de productividad, logística y eficiencia. Entre los cambios destacados mencionó la optimización de procesos con estándares internacionales y avances logísticos como la habilitación de bitrenes, con el objetivo de bajar costos y que eso se refleje en el precio final.
Sin embargo, AFARTE sostuvo que la competencia desleal del contrabando sigue siendo el principal obstáculo para que esas mejoras impacten plenamente en el mercado. Además del daño sobre la producción formal y el empleo, la entidad insistió en que el circuito ilegal afecta la recaudación y expone al consumidor a equipos sin garantías ni controles, por lo que reclamó reforzar controles y medidas integrales para recuperar condiciones de competencia en el canal legal.
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