Un día como hoy, pero en 2001, se anunció el “corralito”, que sería refrendado por el decreto 1.570. Ello durante el gobierno de Fernando De la Rua.

Fue la respuesta a una caída de 22.000 millones de dólares en los depósitos. Atrapó a las ahorristas que no huyeron a tiempo, por un total de $ 55.000 millones de pesos, y dio origen a los cacerolazos.

El corralito se llevó puestos a dos ministros de Economía: Domingo Cavallo, su ideólogo, y Jorge Remes Lenicov, cuando meses después quiso desatar el nudo con bonos compulsivos.

Cuentan que lo primero que hizo Roberto Lavagna cuando le pidieron que vuelva de Europa para ser ministro fue llamar a un amigo economista para que le explicara la diferencia entre “corralito” y “corralón”, el esquema que estableció la reprogramación definitiva de los plazos fijos. A ese nivel de enredos había llegado la película económica de la crisis.

El corralito resultó un boomerang que terminó provocando un efecto contrario al deseado: secó la plaza de efectivo y paralizó las operaciones cotidianas de compra y venta. En la práctica, profundizó la caída en el nivel de actividad, que tocó su piso sobre el final del primer trimestre del 2002.

Al final, los afectados salieron más favorecidos que los tenedores de bonos. Quienes pudieron retirar sus dólares con amparos y compraron propiedades o acciones, en particular, terminaron con saldo muy favorable.

Tampoco entre los bancos se cumplieron los pronósticos más apocalípticos. Durante 2002 se llegó a dar al sistema financiero por muerto, cuando se proponía como opción realista la “offshorización” (traslado al extranjero) de la banca.