El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso propone terminar con el sistema de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La iniciativa también introduce modificaciones en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y plantea un incremento limitado de los recursos educativos.

El cambio sobre la AUH aparece contemplado en el artículo 17, que deroga los apartados de la Ley 27.160 vinculados con la movilidad de las asignaciones familiares. Si la medida es aprobada, los aumentos dejarán de aplicarse mediante una fórmula periódica y dependerán de decisiones del Poder Ejecutivo, ya que el texto no establece un mecanismo alternativo ni fija plazos mínimos para las actualizaciones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que esta modificación “vuelve completamente discrecionales los aumentos” y podría comprometer tanto el poder adquisitivo de la prestación como su capacidad para cubrir las necesidades alimentarias de niños y adolescentes.

Como antecedente, la entidad analizó lo ocurrido con la Prestación Alimentar, cuyos incrementos ya dependen de decisiones gubernamentales. Según su informe, las ayudas vinculadas a una fórmula de movilidad recuperaron un 31,9% real desde 2023, mientras que aquellas sin indexación acumularon una pérdida del 50,5%. Alimentar llegó a permanecer 23 meses sin recibir aumentos.

Entre junio de 2024 y agosto de 2026, la AUH representó en promedio el 63,7% de la Canasta Básica Alimentaria, mientras que Alimentar cubrió el 25,4%. Sumadas, ambas prestaciones alcanzaron una cobertura media del 89,2%. En abril de 2026 ese porcentaje había descendido al 83%, pero tras el incremento de Alimentar otorgado en mayo subió al 90,4%.

Educación: una mejora que no compensa la caída acumulada

El proyecto contempla que la inversión en Educación y Cultura pase de $10,6 billones a $11,2 billones, calculados a precios constantes. Esto representaría una recuperación cercana al 6% respecto de 2026, aunque ACIJ estimó que los recursos todavía quedarían un 44% por debajo del nivel registrado en 2023.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que algunas áreas continuarían atravesando reducciones más profundas. Frente a 2023, Formación Docente tendría una caída del 87,6%; las becas estudiantiles, del 79,4%; e Infraestructura y Equipamiento, del 94,1%. Para Conectar Igualdad, el informe calcula una disminución del 100%.

Las universidades nacionales recibirían un aumento real de apenas el 0,3% en comparación con 2026, pero dispondrían de un 25,2% menos de recursos que en 2023. El proyecto destina $7,5 billones al sistema universitario, frente a los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional consideró necesarios para asegurar su funcionamiento.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, sostuvo que las partidas previstas son un 32% inferiores a las solicitadas por el CIN. También alertó que los salarios docentes continuarían un 30,5% por debajo de diciembre de 2023 y que los gastos de funcionamiento perderían cerca de un 8% frente a 2026.

Cambios en pensiones y prestaciones por discapacidad

En materia de discapacidad, la iniciativa conserva la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el equivalente al 70% de la jubilación mínima. Al mismo tiempo, establece que no podrá cobrarse si el beneficiario tiene un empleo formal o se encuentra inscripto en el régimen general o simplificado.

El texto también elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social creada mediante la Ley de Emergencia. ACIJ cuestionó esta decisión al señalar que la prestación que permanecería vigente contiene condiciones de acceso más restrictivas y no resulta compatible con la inclusión laboral.

Aunque los fondos para la pensión por invalidez laboral tendrían una recuperación real del 8,5% respecto de 2026, continuarían un 26,5% por debajo de 2023. Para Incluir Salud, el programa encargado de brindar cobertura sanitaria a los titulares de estas prestaciones, se proyecta una reducción del 13,9% interanual y del 19% en relación con 2023.

Otra modificación alcanza al Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas. La propuesta permite que cada organismo financiador acuerde directamente los valores con los prestadores, en reemplazo del arancel único. ACIJ advirtió que este esquema podría generar coberturas diferentes según la entidad responsable del pago y convertirse en “un factor de desigualdad” para acceder a los servicios.