Con la derogación de la Ley de Alquileres, el mercado locativo en Argentina ingresó en una nueva etapa marcada por la libre negociación entre inquilinos y propietarios. Desde enero de 2026, los contratos de alquiler que se firmen estarán regidos exclusivamente por lo que acuerden las partes, sin un índice obligatorio ni una fórmula única de actualización.

La eliminación de la normativa implica que ya no existe un mecanismo general que determine cuándo y cuánto deben aumentar los alquileres. En su lugar, cada contrato define el índice de actualización y la periodicidad de los ajustes, que pueden ser trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales, según lo pactado.

En la práctica, muchos de los contratos firmados tras la derogación establecen aumentos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, mientras que otros continúan utilizando el Índice de Contratos de Locación (ICL), especialmente en acuerdos celebrados bajo esquemas previos.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, el IPC de noviembre fue del 2,5 %, con una inflación acumulada del 31,4 % durante 2025. Estos porcentajes sirven como referencia para los ajustes que se aplican en cada período acordado. En el caso del ICL, las proyecciones indican una suba anual cercana al 36 %, aunque el impacto final depende del plazo de actualización establecido en cada contrato.

A modo de ejemplo, un alquiler iniciado en julio con un valor base de $300.000 y una actualización trimestral por IPC podría incrementarse a aproximadamente $317.905 tras aplicar la inflación acumulada correspondiente al período pactado.

Este nuevo escenario introduce mayor flexibilidad en el mercado, pero también genera incertidumbre para los inquilinos, ya que los aumentos pueden ser más frecuentes y varían según el acuerdo individual. Al mismo tiempo, propietarios e inquilinos cuentan ahora con mayor margen para negociar tanto el índice de ajuste como los plazos de actualización.

En adelante, el monto final que se pague por un alquiler dependerá exclusivamente de lo firmado en cada contrato, marcando el fin de una regulación uniforme y dando paso a un esquema de acuerdos particulares que redefine las reglas del mercado inmobiliario.