La propuesta incorpora un artículo 190 bis al Código Penal para castigar con hasta cinco años de prisión a quienes proyecten luces que puedan interferir la visión de la tripulación. El alcance sería amplio: aeronaves en vuelo, en

El tema volvió a la agenda tras la viralización de un video tomado desde la cabina de un Boeing 787 en aproximación a Ezeiza, donde un haz verde impacta de lleno sobre el cockpit. El piloto Enrique Piñeyro advirtió que no se trata de un hecho aislado y reclamó la intervención de las fuerzas de seguridad, tal como ya ocurre en países que penalizan específicamente estas maniobras.

Hoy, explican fuentes aeronáuticas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria actúa ante “interferencias ilícitas”, pero no existe una figura penal que contemple de modo directo el uso de láser sobre aeronaves. Muchas veces, además, no hay denuncia formal y los casos no derivan en investigación.

Para los gremios del sector, el riesgo es tangible. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) viene alertando que estos dispositivos, baratos y de fácil acceso, pueden provocar deslumbramientos severos o lesiones oculares temporarias. En fase de aterrizaje —una de las etapas más sensibles del vuelo—, un destello puede comprometer la seguridad de toda la operación.

Arabia sostiene que, en numerosos episodios, quienes apuntan el láser lo hacen como una “broma” sin medir las consecuencias. Por eso, propone sanciones penales disuasorias que diferencien esta conducta de las figuras generales sobre seguridad del transporte, hoy insuficientes para encuadrar la modalidad.

El proyecto también menciona experiencias comparadas: España, Chile y Estados Unidos prevén penas específicas para estos casos. En la Argentina, en tanto, se multiplican reportes informales en entornos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza, entre otros aeropuertos.

Si el Congreso acompaña la iniciativa, sería la primera tipificación expresa en el país contra el apuntamiento de láser a aeronaves. Hasta entonces, el fenómeno seguirá en una zona gris: preocupación en el ambiente, videos que se viralizan y advertencias recurrentes, pero sin una herramienta penal concreta para sancionarlo.