La Justicia federal argentina formalizó un pedido de extradición a Nicolás Maduro ante Estados Unidos, con el objetivo de tomarle declaración indagatoria en una causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad. La decisión se tomó luego de que distintas informaciones periodísticas indicaran que el dirigente venezolano estaría detenido y bajo custodia en territorio estadounidense.
La medida fue dispuesta por el juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 2, dentro del expediente CFP 2001/2023. El trámite se instrumentó mediante un exhorto internacional dirigido a las autoridades norteamericanas, solicitando que evalúen la entrega para su comparecencia ante tribunales argentinos.
Según se difundió oficialmente, la investigación apunta a presuntas violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas desde al menos 2014 contra población civil, y se apoya en el principio de jurisdicción universal que permite investigar delitos graves aunque hayan ocurrido fuera del país.
El pedido también se sustenta en antecedentes de la propia Cámara: la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires había ordenado la detención y la citación a indagatoria el 23 de septiembre de 2024, y esa decisión fue ratificada en un incidente posterior el 15 de enero de 2026, según consta en la resolución.
Para canalizar el requerimiento, el juzgado indicó que se utilice el Tratado de Extradición Argentina–Estados Unidos (suscripto en 1997) y ordenó la traducción urgente de la documentación, además de remitir el trámite por la vía de la Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a través de su área de asistencia jurídica internacional.
En paralelo, se dispuso notificar a Interpol mediante el departamento correspondiente de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa, para dejarlas al tanto del avance del proceso.
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