Un proyecto presentado en la Cámara baja propone extender la obligatoriedad de los debates preelectorales a quienes compiten por bancas en el Congreso Nacional, con el objetivo de promover mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los comicios legislativos.

La iniciativa plantea modificar el Código Nacional Electoral para que los principales candidatos a diputados y senadores de cada distrito debatan públicamente antes de cada elección. En caso de incumplimiento, las fuerzas políticas perderían sus espacios de publicidad audiovisual previstos por la ley, y el lugar asignado en el debate permanecería vacío para evidenciar la ausencia.

El texto prevé que la Cámara Nacional Electoral sea la encargada de coordinar la organización y difusión de los debates, definir los temas a tratar con la colaboración de universidades y organizaciones de la sociedad civil y garantizar su transmisión a través de medios públicos, provinciales y comunitarios.

La propuesta fija su aplicación para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, y sostiene que la medida busca “fortalecer la deliberación democrática y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de comparar propuestas, estilos y prioridades de quienes aspiran a representar sus intereses en el Congreso”.

Asimismo, el proyecto destaca que la obligación de participación de los dos primeros integrantes de cada lista permitirá avanzar en la paridad de género, garantizando una presencia equitativa de varones y mujeres en los espacios de debate.

El texto concluye que el debate público constituye “una herramienta esencial para consolidar la democracia moderna y acercar a la sociedad a sus futuros representantes”, al tiempo que promueve una campaña electoral más transparente, participativa y federal.