En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley que propone restituir y dar fuerza legal al Programa Nacional de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La iniciativa apunta a garantizar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y asegurar una reparación integral para las víctimas.
Un enfoque integral y federal
El proyecto establece la creación de un servicio de patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito, especializado e integral, disponible en todo el país. También prevé atención interdisciplinaria con enfoque de derechos humanos, género, diversidad e inclusión, y la coordinación con organismos judiciales y administrativos, además de convenios con colegios profesionales y organizaciones civiles.
Entre los principios rectores de la propuesta se destacan el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la accesibilidad universal y la confidencialidad.
Asimismo, dispone la capacitación obligatoria en abuso sexual infantil y Educación Sexual Integral (ESI) para todos los operadores judiciales, de salud y educación que intervengan en los procesos.
Antecedentes y fundamentos
La iniciativa busca restituir una política pública que había sido desmantelada: el programa PatrocinAR, creado en 2022, que brindaba patrocinio jurídico gratuito a víctimas y que dejó de incorporar nuevos casos tras la desvinculación de los equipos interdisciplinarios.De acuerdo con informes oficiales, este programa había logrado extender su alcance a 21 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más de 170 causas activas y resultados favorables para las víctimas.
El texto resalta que el abuso sexual infantil es una grave violación a los derechos humanos, que ocurre en su mayoría en contextos intrafamiliares y continúa siendo un delito subregistrado. Por ello, plantea la necesidad de una respuesta integral que articule los sistemas de justicia, salud, educación y protección social.
Un marco normativo de respaldo
El proyecto se fundamenta en un conjunto de normas internacionales y nacionales, entre ellas la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, y las leyes nacionales 26.061 de Protección Integral de la Niñez, 26.485 de Protección contra la Violencia hacia las Mujeres, 26.150 de Educación Sexual Integral y 27.372 de Derechos de las Víctimas.En sus fundamentos, se destaca que otorgar fuerza de ley a este programa es una necesidad impostergable para asegurar su permanencia, institucionalidad y eficacia, consolidando una política pública que ya había demostrado resultados positivos en la protección y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.
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