Un informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) expone un fuerte retroceso del empleo formal en la Argentina durante los últimos 22 meses. En ese período, se registró el cierre de 19.114 empresas en todo el país, un proceso que habría derivado en la desaparición de cerca de 260.000 puestos laborales registrados.
Las cifras oficiales muestran que en noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno, el sistema contaba con 511.337 empleadores inscriptos. Sin embargo, para septiembre de 2025 —último dato disponible— ese número se redujo a 492.223, lo que refleja una contracción sostenida del entramado productivo formal.
El impacto también se observa en la cantidad de trabajadores registrados. De acuerdo con la SRT, a fines de 2023 había 9.840.290 personas con empleo formal cubiertas por el seguro obligatorio. Veintidós meses después, el total descendió a 9.576.189, lo que implica una merma de 264.101 empleos dentro del sistema formal.
Desde el organismo señalaron que los cierres afectaron con mayor fuerza a sectores clave como la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el sector público. En este último caso, la reducción se dio con rapidez a partir de los recortes impulsados por el Gobierno nacional. La construcción, en particular, fue uno de los rubros más golpeados tras la paralización de la obra pública nacional y el incremento de los costos en el ámbito privado.
La SRT utiliza el concepto de “unidades productivas” para medir este fenómeno, categoría que abarca a empresas, entidades u organismos —públicos o privados— que emplean a una o más personas y generan bienes o servicios. En esos registros se observa una clara disminución de estas unidades, especialmente en los sectores más expuestos al ajuste.
Si bien durante 2024 se detectó una leve recuperación en algunos indicadores, esa mejora resultó insuficiente para compensar la magnitud de las pérdidas acumuladas. Además, aun en los casos en que personas despedidas lograron reinsertarse laboralmente, los datos sugieren que muchas de ellas lo hicieron fuera del empleo formal.
Este escenario contrasta con los objetivos oficiales de ampliar el trabajo registrado y formalizar la economía en los próximos años, una meta planteada por el Ministerio de Economía de cara a 2026, pero que hoy aparece tensionada por la evolución de los indicadores laborales.
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