El comercio informal de celulares volvió a encender las alarmas dentro de la industria tecnológica argentina. De acuerdo con datos relevados por fuentes del sector en abril de 2026, la venta de teléfonos por canales no registrados pasó de representar apenas el 7% del mercado a concentrar cerca del 35% del volumen total.

La magnitud del crecimiento ya se mide en millones de equipos. Según las estimaciones empresarias, más de 3,2 millones de celulares al año se comercializan por fuera del circuito formal, con un movimiento económico cercano a los USD 1.858 millones. La cifra empieza a acercarse al volumen generado por la producción nacional, valuada en torno a los USD 2.311 millones.

Uno de los puntos que más preocupa es la regularidad del ingreso de dispositivos. Si se mantiene la tendencia observada durante el primer trimestre del año, el contrabando estaría incorporando unas 50.000 unidades por semana entre las distintas marcas. En los modelos de alta gama, el fenómeno es aún más fuerte: durante los primeros tres meses de 2026, el mercado informal llegó a captar la mitad de la demanda total.

Desde el sector formal advierten que esta diferencia no responde solo a una estrategia comercial, sino a una estructura de costos desigual. Los equipos fabricados o vendidos legalmente deben afrontar una carga impositiva cercana al 34%, entre tributos nacionales, provinciales y municipales, además de costos financieros estimados en 9% y otros gastos comerciales. En cambio, los productos informales evitan esas obligaciones y logran precios imposibles de igualar para quienes operan dentro de la ley.

El ingreso de los celulares ilegales se distribuiría en dos vías principales. La mitad llegaría por tierra desde Paraguay, a través del paso fronterizo de El Dorado, mientras que el otro 50% ingresaría por vía aérea desde Miami, con conexión en Panamá, hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El impacto no se limita a las compañías del rubro. La evasión vinculada a este circuito representaría una pérdida fiscal anual de entre USD 400 y USD 500 millones. Para la industria, el avance del mercado ilegal golpea la producción local, afecta el empleo y genera una competencia cada vez más desigual frente a quienes cumplen con las obligaciones tributarias y comerciales.