El Gobierno nacional estudia la implementación de un programa que permitiría obtener la ciudadanía argentina mediante inversiones de alto valor, con el objetivo de atraer divisas e impulsar el ingreso de capitales al país. La iniciativa, que aún se encuentra en evaluación y podría sufrir modificaciones antes de su presentación oficial, fue revelada por el diario británico Financial Times.

De acuerdo con la publicación, el esquema contemplaría dos alternativas: realizar un aporte no reembolsable de USD 500.000 o adquirir bonos soberanos argentinos por USD 1 millón. La expectativa oficial sería captar miles de millones de dólares para fortalecer las reservas y contribuir al financiamiento de los compromisos de deuda que enfrenta el país en los próximos años.

De concretarse, Argentina se convertiría en uno de los países de mayor tamaño en ofrecer un programa de ciudadanía por inversión. Los beneficiarios obtendrían un pasaporte con acceso sin visa a cerca de 170 países y, según trascendió, el plan no exigiría residencia permanente en territorio argentino.

El Financial Times señaló que representantes del Gobierno y consultoras especializadas mantuvieron reuniones con potenciales inversores en el exterior. Entre quienes respaldan la iniciativa sostienen que Argentina podría resultar atractiva para empresarios y personas de alto patrimonio que buscan una alternativa frente a la incertidumbre política, los cambios impositivos o los conflictos internacionales.

Sin embargo, la propuesta también despertó cuestionamientos. Diversos especialistas en transparencia y seguridad advierten que los denominados "pasaportes dorados" pueden facilitar maniobras de lavado de dinero o generar riesgos vinculados a la seguridad internacional. De hecho, la Corte de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el programa de Malta por considerar que transformaba la nacionalidad en una transacción comercial, mientras que otros países como Reino Unido, Chipre y Bulgaria también abandonaron esquemas similares.

Además, la eventual implementación en Argentina podría enfrentar desafíos judiciales. El medio británico recordó que la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre la ciudadanía, por lo que cualquier modificación en ese sentido podría ser objeto de debate legal.

Por el momento, desde el Gobierno aclararon que el proyecto continúa en análisis y que aún no existe una decisión definitiva sobre su puesta en marcha.