La disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales volvió a escalar en el plano judicial. El Gobierno presentó una apelación contra la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, norma que establece la actualización de los salarios docentes y el refuerzo de las partidas presupuestarias destinadas al sistema de educación superior.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y solicita que el recurso tenga efecto suspensivo. De prosperar ese planteo, el fallo de primera instancia quedaría sin aplicación inmediata mientras se analiza el fondo de la cuestión.

La cautelar había sido dictada por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a decenas de universidades. En su resolución, el magistrado entendió que la decisión del Ejecutivo de no ejecutar la ley implicaba una omisión concreta de obligaciones legales y ponía en riesgo el funcionamiento del sistema universitario.

Además, el fallo cuestionó el decreto presidencial que había dejado en suspenso la aplicación de la norma hasta contar con fuentes específicas de financiamiento, al considerar que esa medida podría resultar incompatible con una ley sancionada por el Congreso.

En la apelación, el Gobierno argumentó que la resolución judicial invade facultades propias del Ejecutivo y del Legislativo en materia presupuestaria. Sostuvo que cualquier aumento de partidas debe contar con recursos identificados dentro del Presupuesto nacional y advirtió que la ejecución de gastos sin previsión financiera podría afectar el equilibrio fiscal. También cuestionó la imparcialidad del juez por su actividad docente, aunque ese planteo ya fue rechazado.

Ahora será la Cámara la que deba definir si confirma la vigencia de la cautelar o la deja sin efecto. La decisión tendrá impacto directo en los salarios docentes y en el presupuesto operativo de las universidades nacionales.

El conflicto tiene un fuerte trasfondo político y económico. Desde 2024, el sistema universitario protagoniza movilizaciones en todo el país en reclamo de mayor financiamiento, especialmente luego del veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso. En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones con autoridades universitarias para avanzar en un nuevo esquema legal que garantice previsibilidad sin comprometer las metas fiscales.

Mientras tanto, el escenario permanece abierto y la resolución judicial será clave para determinar si la ley vigente debe aplicarse de inmediato o si el Ejecutivo podrá continuar con la vía de negociación política antes de un nuevo debate parlamentario.