Uno de los principales compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es avanzar en el ajuste del gasto público con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En ese marco, el Ejecutivo prepara nuevas medidas para reducir el gasto en subsidios energéticos, que representan una parte significativa de las erogaciones estatales.

Entre las iniciativas clave se encuentra la creación de un registro social único de usuarios, una herramienta destinada a focalizar los subsidios en los sectores más vulnerables, bajo un esquema similar al de la tarifa social. El lanzamiento de este registro está previsto para diciembre de 2025, coincidiendo con el cierre de la segunda etapa del programa de revisión con el FMI, que finalizará en enero de 2026.

Proyección del gasto en subsidios

Para 2026 se prevé un gasto similar, de 6,3 billones, mientras que para 2027 se estima una reducción del 50% respecto a los niveles actuales. El objetivo es que en 2030 las partidas destinadas a subsidios energéticos se ubiquen en torno a los 1,15 billones de pesos, lo que representaría una caída del 80% respecto a los niveles actuales.

Cruce de datos y control de beneficios

La implementación del registro único es vista por el Gobierno como un paso clave para afinar la política de subsidios y sostener el compromiso fiscal asumido a nivel internacional.