Con un anuncio de último momento, el Gobierno nacional confirmó que este 27 de junio no será jornada no laborable para el personal de la administración pública. La decisión, que se formalizó a solo dos días de la fecha prevista, responde a una visión del Ejecutivo que busca equiparar las condiciones laborales entre empleados estatales y del sector privado.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, fue quien comunicó la medida durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “No puede haber privilegios dentro del Estado que no se justifiquen”, declaró, y agregó que los días no trabajados tienen un costo que asume toda la sociedad: “Cada jornada libre representa dinero del contribuyente”.

El Día del Empleado Público había sido establecido en 1978, tras la adhesión argentina al Convenio 151 y la Recomendación 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen el derecho de los trabajadores estatales a negociar colectivamente y participar en la definición de sus condiciones laborales. Desde entonces, el 27 de junio había sido considerado una jornada de descanso en distintos niveles del Estado.

La actual administración, sin embargo, optó por interrumpir esa tradición. Según Adorni, el enfoque del gobierno de Javier Milei es claro: “El servicio público debe estar a la altura de las necesidades de la sociedad y no funcionar como un compartimento separado del resto del país productivo”.

La medida ha sido interpretada como una señal más del rumbo económico que busca imprimir el Ejecutivo: menor gasto público, mayor eficiencia y una administración estatal alineada con criterios de mercado. En ese marco, el fin del asueto por el Día del Empleado Público no es solo una decisión administrativa, sino también un gesto político con fuerte carga simbólica.