El Gobierno avanza en la implementación de una reforma laboral que incluya varios cambios. Entre ellos está la reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o 4 horas en sectores en crisis, la promoción de un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización, la habilitación de acuerdos por productividad y el blanqueo.

BAJAR LA CANTIDAD DE HORAS

Las limitaciones para avanzar con la reforma laboral mediante la vía legislativa no fueron impedimento para cambios profundos en algunos sectores. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo.

En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes, según precisó Antonio Caló, jefe del gremio metalúrgico.

EL POLÉMICO \"FONDO DE CESE LABORAL\"

Sica también impulsará el fondo de cese laboral de la construcción. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.

Según informó La Nación, en el caso de la Uocra se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado.

BLANQUEO

En cuanto al blanqueo, según adelantó el periodista Mariano Martín, especializado en temas gremiales, \"en la cartera de Producción y Trabajo explicaron que el foco estará puesto en los ítems \'blanqueo\' y \'litigiosidad\', lo que también abrió la puerta a la eventual inclusión del capítulo relacionado con la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), un mecanismo pensado para salvaguardar a obras sociales y prepagas de los juicios iniciados por sus afiliados en reclamo de prestaciones no previstas. Con la posible incorporación de ese ítem el debate podría contar con un aval al menos implícito de la CGT, interesada tanto como las empresas de medicina privada en la implementación de ese cepo judicial mediante un consejo de notables que deberá dictaminar sobre la viabilidad de los reclamos