El sector público nacional atraviesa un cambio significativo tras la decisión del Gobierno de eliminar el plus por presentismo, un adicional salarial que premiaba la asistencia perfecta de los trabajadores y que, en algunos casos del centro del país, podía alcanzar hasta los $150.000 mensuales.

La medida fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial y alcanza a los empleados comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo personal que se desempeña en la Casa Rosada, ministerios, organismos descentralizados y dependencias de la Administración Central.

El adicional funcionaba como un incentivo económico destinado a quienes no registraban inasistencias durante el mes. Con su eliminación, el ingreso neto de los trabajadores se verá reducido, aunque el impacto variará según la categoría, el convenio y la situación particular de cada agente, lo que genera preocupación por la pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la decisión apunta a simplificar los mecanismos de liquidación salarial y optimizar recursos del Estado. Sin embargo, entre los trabajadores y gremios del sector advierten que se trataba de un complemento clave para sostener los ingresos frente al aumento del costo de vida.

La eliminación del presentismo también implica la desaparición de un mecanismo que buscaba desalentar el ausentismo laboral, por lo que se abre un escenario de incertidumbre respecto a cómo se controlará la asistencia y el rendimiento en la administración pública en adelante.