La norma busca promover el trabajo registrado y garantizar la protección social de quienes realizan labores rurales temporarias, junto con la de sus grupos familiares. Entre los aspectos principales, se mantiene que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo estas modalidades no podrán ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo.

Además, el decreto mantiene la compatibilidad entre los programas sociales y el empleo formal, lo que permite que las personas beneficiarias de Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo y Asignaciones Familiares continúen percibiendo esos beneficios durante el período en el que sean contratadas.

De esta manera, los trabajadores rurales pueden seguir cobrando sus prestaciones sociales mientras acceden al trabajo registrado, y los empleadores reciben un incentivo mediante la reducción de las contribuciones patronales.

La medida, impulsada originalmente por el gobierno de Alberto Fernández en 2021, había sido renovada en 2023 y ahora fue extendida nuevamente por la administración de Javier Milei hasta septiembre de 2026.

Según el texto oficial, la decisión responde a los pedidos de productores, asociaciones sindicales y representantes de las economías regionales, quienes manifestaron la conveniencia de dar continuidad a la norma “para consolidar los resultados alcanzados”. Asimismo, se destacó que las medidas “han contribuido a la inclusión laboral, a la mejora de los ingresos y de las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias”.