Tras no haber prosperado las modificaciones incluidas en la Ley Bases, el Gobierno nacional insistirá en avanzar con una reforma de la Ley de Salud Mental durante el período de sesiones ordinarias del Congreso, que comenzará el 1° de marzo de 2026. La iniciativa apunta a introducir cambios puntuales en la normativa vigente, entre ellos la posibilidad de que los jueces autoricen internaciones involuntarias en determinados casos.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, la decisión responde a reclamos sostenidos de familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, que advierten dificultades en la aplicación actual de la ley. El proyecto se encuentra en etapa de redacción y podría ser anunciado por el presidente Javier Milei durante la apertura del período legislativo.

La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, se basó en el principio de desmanicomialización y en la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que, con el paso del tiempo, la falta de dispositivos adecuados y de herramientas legales claras generó vacíos que dificultan la atención de situaciones complejas.

En ese marco, el Ejecutivo buscará retomar algunos de los puntos que habían sido incluidos originalmente en el proyecto de Ley Bases y que finalmente quedaron fuera del texto aprobado. Entre ellos se encuentran la habilitación a los jueces para disponer medidas de atención urgente, la definición de casos específicos para la internación como recurso terapéutico excepcional, la creación de centros especializados y cambios en los criterios de egreso y rehabilitación de los pacientes.

Las reformas serían impulsadas desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y volverán a abrir un debate sensible. Sectores vinculados a la defensa de los derechos en salud mental ya manifestaron su preocupación ante lo que consideran un posible retroceso en el enfoque antimanicomial.

Desde la Casa Rosada, en tanto, argumentan que existen casos de alto impacto social que evidencian la necesidad de revisar el marco legal. También se apoyan en testimonios de familiares y activistas que vienen reclamando una actualización de la normativa, entre ellos el de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso sobre la falta de herramientas para abordar episodios agudos vinculados a trastornos mentales y adicciones.

Con este escenario, el Gobierno se prepara para reabrir una discusión que promete ser intensa y que volverá a enfrentar posturas contrapuestas entre el Ejecutivo, el ámbito sanitario, organizaciones sociales y el arco político.