La votación dejó un resultado ajustado y expuso divisiones internas en varios bloques: el texto obtuvo 41 votos a favor y 31 en contra, mientras que la neuquina Julieta Corroza se abstuvo. La única bancada que se mostró alineada de forma compacta fue La Libertad Avanza, conducida en el recinto por Patricia Bullrich.
El oficialismo sumó respaldos clave entre senadores del interbloque kirchnerista, como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), y también de legisladores que recientemente se alejaron de ese espacio: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes acompañaron la postura de la Casa Rosada.
Uno de los puntos más discutidos fue el artículo 7° del dictamen, que recibió correcciones pocas horas antes de la votación. Ese apartado habilita a que cada provincia defina su autoridad de aplicación —con la excepción de las áreas alcanzadas por la ley 22.351 de Parques Nacionales— y le asigna la tarea de identificar, con base en criterios técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial de su territorio que cumplan funciones hídricas, como la reserva estratégica de agua o el aporte a la recarga de cuencas.
Desde sectores que respaldaron la reforma, se insistió en que los recursos naturales pertenecen a las provincias y se planteó que el nuevo esquema podría favorecer un marco más flexible para proyectos productivos. En esa línea, el Gobierno viene argumentando —en coordinación con gobernadores— que la modificación apunta a atraer inversiones de gran escala y a dinamizar la economía, aunque admitiendo que son procesos de largo plazo.
En la vereda opuesta, las críticas se concentraron en el impacto ambiental y en el peso que podrían ganar los poderes locales frente a intereses empresariales, en detrimento de organismos científicos como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Además, durante el debate varios senadores opositores advirtieron que el articulado podría entrar en tensión con compromisos incluidos en el acuerdo Mercosur–Unión Europea, que el Senado había aprobado previamente en la misma jornada.
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