Las primeras cuatro audiencias indagatorias las dispuso la jueza federal de Rio Grande, Mariel Borruto, las cuales se realizarán el próximo 5 y 6 de diciembre mediante videoconferencia desde los juzgados federales donde residen los imputados.

En esta primera tanda de indagatorias son cuatro (4) los imputados de los primeros dieciocho (18) oficiales y suboficiales imputados de haber cometido “delitos de lesa humanidad” como torturas y estaqueamientos a sus propios soldados subordinados en Malvinas, durante el conflicto de 1982. Los mismos son acusados simultáneamente por más de ex cien combatientes de distintos lugares del pais.

De tal modo, los imputados: Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi prestaran indagatoria el jueves 5 de diciembre y Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini para el viernes 6 de diciembre. Por disposición de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, las audiencias se realizarán por videoconferencia con juzgados federales de cada una de las ciudades donde residen los imputados, con la jueza federal, el fiscal Marcelo Rapoport y el defensor oficial que los asistirá, el Dr. Guillermo Garone, quienes estarán desde el Juzgado Federal riograndense.

El 6 de diciembre del 2018 el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete (a cargo del juzgado de Río Grande) cito a prestar indagatoria a 18 ex militares, estableciendo fecha entre el 27 de junio y el 4 de julio de este año. Sin embargo, con la asunción de Mariel Borruto – a principio de junio- como nueva titular del juzgado, fueron suspendidas sin fecha preestablecidas, aduciendo falta de seguridad y espacio físico.

La causa N°1777/07 surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra en 1982, quienes revelaron haber sido víctimas de “estaquemientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa.

El caso comenzó a sustanciarse en 2007 con las primeras 25 denuncias presentadas por Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).

En esta instancia, CECIM que actúa como parte querellante, no participará en la indagatoria ya que se considera como “un acto de defensa” aunque podrá acercar un cuestionario al juzgado en los próximos días.