Durante años, las sanciones tributarias en la Argentina quedaron atrapadas en un limbo: montos fijados en pesos que la inflación convirtió en simples anécdotas. Incumplir un trámite, olvidar una declaración o responder tarde a un requerimiento era, muchas veces, más barato que cumplir en tiempo y forma. Ese escenario empieza a quedar atrás con un giro profundo en la política fiscal.
El Gobierno nacional impulsa un proyecto de ley que redefine por completo el esquema de penalidades. La iniciativa, bautizada como “Presunción de Inocencia Fiscal”, plantea una reconfiguración integral del régimen sancionatorio que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Detrás del nombre amable, el texto propone multiplicar multas y devolverles un peso real en la economía cotidiana.
La propuesta ya circula en el Congreso de la Nación y despierta preocupación tanto en pequeños contribuyentes como en grandes empresas. Los aumentos previstos no siguen la inflación reciente: en muchos casos, los valores actuales se multiplican por cientos, con el objetivo explícito de recuperar el efecto disuasivo perdido.
Un salto histórico en las infracciones más comunes
Uno de los cambios más visibles aparece en las faltas formales básicas. Hoy, no presentar una declaración jurada dentro del plazo puede costar apenas $200, una cifra que perdió todo significado. El proyecto elimina ese piso simbólico y lo reemplaza por una multa mínima automática de $220.000.El aumento es contundente: más de 110.000% de diferencia entre un régimen y otro. También se elevan los topes máximos, que pasan de alrededor de $400 a $440.000. Con esta corrección, el incumplimiento administrativo deja de ser una molestia menor para transformarse en un impacto directo sobre la liquidez de familias, monotributistas y PyMEs.
La información, bajo amenaza de multas millonarias
El endurecimiento no se limita a las declaraciones habituales. Los regímenes de información —aquellos que exigen reportes detallados de operaciones, movimientos y terceros— concentran las sanciones más elevadas. Según el texto, omitir o presentar de forma incorrecta estos datos puede derivar en multas que van de $5.000.000 a $10.000.000.La lógica oficial es clara: quien no provea información completa y en tiempo perderá margen de maniobra. En un contexto donde estos regímenes suelen ser complejos y técnicos, el error humano o una falla de sistema pueden tener consecuencias económicas severas.
Comercio exterior y precios de transferencia, en la mira
Las operaciones internacionales reciben un tratamiento aún más estricto. La falta de información sobre transacciones con el exterior podrá castigarse con sanciones de hasta $22.500.000. En el caso del régimen “País por País”, la penalidad máxima asciende a $67.500.000, uno de los montos administrativos más altos previstos en la normativa argentina.El objetivo es desalentar maniobras de elusión, subfacturación o transferencia artificial de utilidades, alineando el control local con estándares internacionales de transparencia fiscal.
Un nuevo piso para las infracciones generales
La reforma también alcanza a las faltas previstas en la Ley de Procedimiento Tributario. Las sanciones por incumplimientos genéricos tendrán un mínimo de $150.000, incluso para casos considerados menores, como no responder un requerimiento o entorpecer una inspección.En situaciones más graves, los topes pueden llegar a $2.500.000, con escalas acumulativas que permiten alcanzar hasta $35.000.000 según el tipo de contribuyente y la gravedad de la conducta. La estrategia de “dilatar y ver” pierde sentido frente a estos números.
Multas que ya no se licúan con el tiempo
El cambio más estructural aparece en el mecanismo de actualización. A partir del 1° de enero de 2027, todas las multas se ajustarán automáticamente por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). De este modo, las sanciones dejarán de quedar congeladas en pesos y acompañarán la evolución de los precios.Con este esquema, postergar el pago deja de ser una ventaja: la deuda crecerá mes a mes, convirtiéndose en una carga cada vez más pesada. El Estado busca así cerrar definitivamente la etapa en la que la inflación diluía las penalidades y garantizaba, en los hechos, una indulgencia fiscal permanente.
El mensaje final es inequívoco: el cumplimiento tributario deja de ser una recomendación flexible para transformarse en una obligación con costos reales y crecientes para quien decida ignorarla.
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