Sectores vinculados a las Fuerzas Armadas, la diplomacia y el ámbito científico manifestaron una profunda preocupación por la decisión del Gobierno nacional de trasladar la administración del Programa Antártico Argentino al Ministerio de Defensa, al considerar que la medida podría poner en riesgo la continuidad y legitimidad de la presencia argentina en el continente blanco.

El cambio implica que la gestión de las bases antárticas deje de depender de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), bajo la órbita de Cancillería, para pasar al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), dependiente del Ministerio de Defensa. Esta reestructuración generó fuertes cuestionamientos, ya que, según advirtieron distintas fuentes, podría desdibujar el eje científico que históricamente ha sustentado la política antártica argentina.

El Programa Antártico Argentino tiene como misión central coordinar la investigación científica, el cuidado ambiental y el apoyo logístico a las bases y refugios nacionales, en el marco del Tratado Antártico, que establece el uso pacífico del continente y promueve la cooperación internacional en materia científica. Especialistas sostienen que el traslado de la conducción al ámbito militar contradice el espíritu de ese sistema y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará la política antártica.

Desde estos sectores se advirtió que la iniciativa fue impulsada con celeridad dentro de Cancillería, en un contexto ya marcado por dificultades operativas. Según trascendió, el programa atraviesa una etapa de fragilidad logística, con limitaciones presupuestarias, sobrecarga de funciones y deterioro de infraestructura considerada clave para el sostenimiento de las campañas antárticas.

Militares retirados y personal con experiencia en operaciones antárticas señalaron que el Comando Conjunto Antártico no cuenta actualmente con los recursos necesarios para absorber de manera integral la conducción del programa. En ese sentido, indicaron que la reorganización provocó desajustes en los esquemas de apoyo a las bases científicas y generó incertidumbre en áreas que hasta ahora estaban bajo conducción técnica y científica.

Entre las principales alertas, se mencionaron complicaciones en la logística aérea y marítima, con reportes de fallas mecánicas en aeronaves y problemas de infraestructura en pistas de aterrizaje, tanto en el continente como en puntos estratégicos del sur argentino. Estas deficiencias habrían obligado a reprogramar vuelos, cancelar apoyos previstos y reorganizar parte de la planificación de las campañas.

Los críticos del cambio remarcan que la fortaleza de la presencia argentina en la Antártida se apoya, fundamentalmente, en la actividad científica sostenida. El Tratado Antártico, del cual Argentina es signataria desde 1959, reconoce a la investigación como uno de los pilares que legitiman la ocupación y operación de bases en el continente. Debilitar ese componente, advierten, podría afectar la posición del país dentro del sistema internacional antártico.

El debate se inscribe en un contexto más amplio sobre el futuro del rol argentino en la Antártida, donde confluyen cuestiones de soberanía, ciencia, diplomacia y logística. Con más de un siglo de presencia ininterrumpida, la Argentina ha construido su política antártica sobre la articulación entre investigación científica, cooperación internacional y despliegue operativo. La eventual alteración de ese equilibrio es vista por distintos actores como un factor que podría erosionar la influencia y el peso estratégico del país en el continente blanco.