Mientras en Argentina se reactiva la discusión legislativa sobre la protección de los glaciares, a nivel internacional la comunidad científica advierte sobre un escenario crítico para estas reservas naturales de agua. Ambos procesos avanzan en paralelo y ponen en tensión los modelos de desarrollo, la protección ambiental y el impacto del cambio climático.

En el plano local, el Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso de un proyecto que propone modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, sancionada en 2010. La iniciativa fue anunciada públicamente por la Oficina del Presidente y busca introducir cambios en una normativa considerada clave para la política ambiental del país.

La ley vigente establece la preservación de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, resguardo de la biodiversidad, fuente de investigación científica y atractivo turístico. En ese marco, impone restricciones severas a actividades que puedan alterar su estado natural, como la minería, la explotación hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras de infraestructura y la liberación de contaminantes.

Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo de la reforma es corregir lo que consideran interpretaciones imprecisas de la norma actual. Según el Gobierno de Javier Milei, estas ambigüedades habrían generado inseguridad jurídica, frenado proyectos productivos y limitado las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. En particular, la propuesta apunta a redefinir el concepto de “ambiente periglacial”, un punto central que, de avanzar, podría habilitar inversiones actualmente bloqueadas por las restricciones ambientales.

La administración nacional afirma que la iniciativa responde a reclamos de provincias vinculadas a la actividad minera, especialmente aquellas que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, sectores estratégicos para la agenda económica oficial. El planteo se apoya en la idea de establecer reglas más claras y compatibles con un enfoque de federalismo ambiental.

Sin embargo, este debate político se da en un contexto global alarmante. De manera simultánea al envío del proyecto al Congreso, un estudio publicado en la revista Nature Climate Change advirtió sobre una aceleración sin precedentes en la desaparición de glaciares a escala mundial como consecuencia del calentamiento global.

La investigación proyecta que entre los años 2041 y 2055 se alcanzará el pico de extinción de glaciares, con la pérdida de entre 2.000 y 4.000 glaciares por año, dependiendo del nivel de aumento de la temperatura global. Según los científicos, incluso en escenarios más moderados de calentamiento, el impacto sería devastador.

Los autores explican que, a mayor aumento de la temperatura, el proceso de pérdida se prolonga y se intensifica, debido a la reducción progresiva del área y el volumen de los glaciares. Para dimensionar la magnitud del fenómeno, advierten que una tasa anual de desaparición de ese nivel equivale a perder en un solo año la totalidad de los glaciares de los Alpes europeos.

Así, mientras en Argentina se discute una posible flexibilización del marco legal que protege estas formaciones, el escenario científico global refuerza las advertencias sobre la fragilidad de los glaciares y su rol clave frente a la crisis climática. El cruce entre ambas agendas promete un debate profundo en el Congreso y en la sociedad.