El Senado debatirá este viernes el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que redefine los umbrales a partir de los cuales la evasión impositiva pasa a ser un delito penal. La propuesta, que forma parte del paquete económico de la administración de Javier Milei, busca dar previsibilidad a los contribuyentes y alentar la exteriorización de ahorros no declarados, en un contexto de normalización del esquema fiscal.

El texto introduce cambios centrales en el Régimen Penal Tributario y fija nuevos parámetros para la actuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De aprobarse, la evasión simple quedará tipificada como delito a partir de los $100 millones, un salto significativo respecto de los valores vigentes hasta ahora.

Especialistas tributarios explicaron que no todo monto que supere ese piso implica automáticamente una evasión penal, ya que además del umbral objetivo debe verificarse la intención de incumplir una obligación impositiva. Es decir, el delito requiere tanto superar el monto establecido como la existencia de una conducta dolosa.

Evasión agravada: nuevos pisos

En el caso de la evasión agravada, el proyecto eleva el mínimo a $1.000 millones, cuando actualmente es de $15 millones. A su vez, si se utilizan estructuras jurídicas, testaferros o mecanismos que dificulten identificar al verdadero responsable, el piso se fija en $200 millones. El mismo monto regirá para situaciones en las que se usen de manera fraudulenta exenciones u otros beneficios fiscales.

Cuando la maniobra incluya facturación apócrifa o documentación falsa, la evasión agravada quedará configurada a partir de los $100 millones, muy por encima del umbral vigente de $1,5 millones.

Desde el sector profesional coincidieron en que los montos anteriores habían quedado desactualizados por la inflación acumulada de los últimos años, lo que exponía a muchos contribuyentes a procesos penales por cifras que hoy resultan relativamente bajas en términos reales. No obstante, advirtieron que, con la dinámica inflacionaria, los nuevos pisos también podrían quedar desfasados antes de la primera actualización prevista.

Multas automáticas, bajo revisión

Otro punto sensible del proyecto es el régimen de multas automáticas. De mantenerse el esquema propuesto, las sanciones por incumplimientos formales tendrían incrementos superiores al 100.000%. Por ejemplo, una multa que hoy es de $200 para personas físicas pasaría a $220.000, y en el caso de personas jurídicas subiría de $400 a $440.000.

Frente a las críticas, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró que no se aplicarán sanciones automáticas de manera inmediata. Según explicó, ARCA enviará primero un recordatorio otorgando un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación antes de intimar formalmente y aplicar una multa.

Además, la agencia evaluará la cantidad de días de demora para graduar la sanción, con el objetivo de diferenciar incumplimientos ocasionales de conductas reiteradas, evitando así penalizaciones inflexibles.