El Gobierno nacional avanza con un plan para reducir de manera significativa la planta de personal del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), a través de un programa de retiros voluntarios que podría implicar la salida de alrededor de 2.000 trabajadores. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Economía y apunta a recortar entre un 30% y un 35% de la dotación total del organismo, que actualmente ronda los 6.400 empleados, con el objetivo de reducir el gasto estatal.

De acuerdo a la información que trascendió, la estrategia oficial no contempla despidos directos en una primera etapa, sino la implementación de retiros incentivados. El esquema estaría orientado principalmente a empleados próximos a la edad jubilatoria y a personal administrativo y de apoyo, ofreciendo compensaciones económicas especiales para acelerar las desvinculaciones. Desde el Ejecutivo sostienen que gran parte del presupuesto del INTA se destina al pago de salarios y que la reducción de la planta permitiría “racionalizar” el funcionamiento del organismo.

La posible aplicación de este plan generó una fuerte preocupación en el sector agropecuario y en distintas regiones del país. El INTA cuenta con una extensa red territorial compuesta por más de 300 agencias de extensión y centros de investigación, que cumplen un rol clave en la asistencia técnica a pequeños y medianos productores, el desarrollo de tecnologías adaptadas a cada región y la investigación científica aplicada al campo.

Desde distintos ámbitos advierten que un recorte de esta magnitud podría provocar una pérdida significativa de capacidades técnicas. Uno de los principales señalamientos es el riesgo de una “fuga de cerebros”, ya que los programas de retiro voluntario suelen ser más atractivos para profesionales altamente calificados, con posibilidades de inserción en el sector privado, dejando al Estado sin recursos humanos estratégicos. A esto se suma la posibilidad de cierre o debilitamiento de agencias en zonas rurales alejadas, donde el INTA suele ser el único respaldo técnico para las economías regionales.

Los gremios del organismo, en particular APINTA, se declararon en estado de alerta y denunciaron que la iniciativa representa un proceso de vaciamiento que pone en riesgo décadas de construcción científica y tecnológica. Desde el sector sindical aseguran que la reducción de personal afectará directamente la investigación, la transferencia de conocimiento y la presencia territorial del Estado en el ámbito rural.

Por su parte, fuentes oficiales defienden el plan y sostienen que el INTA necesita una “modernización profunda” para adaptarse a los nuevos desafíos del agro y a un contexto de restricción fiscal. Argumentan que la estructura actual es sobredimensionada y que el organismo debe reorientar sus recursos para ser más eficiente, aunque sin brindar precisiones sobre cómo se garantizará la continuidad de las tareas de investigación y extensión en todo el país.