Una propuesta de reforma previsional elaborada por CIPPEC llegó al escritorio del ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de reordenar un sistema que hoy es señalado como costoso —por su peso cercano al 10% del PBI—, además de ineficiente e injusto. El objetivo declarado es dejar atrás un esquema de excepciones y “parches” y reemplazarlo por reglas más parejas, con mayor previsibilidad, respetando los derechos adquiridos de quienes ya están en actividad y aplicando los cambios a futuro.

El punto que más impacto genera es la edad de retiro. El texto propone igualar la jubilación de las mujeres a la de los varones, llevando el umbral femenino de 60 a 65 años. El cambio sería escalonado: seis meses más por año durante diez años. Según los fundamentos, la diferencia actual no se explica por criterios de salud y, además, jubilarse antes puede terminar reduciendo el haber por un período de aportes más corto.

A la vez, se plantea un ajuste permanente para toda la población: la edad mínima se movería de forma continua, un mes por año, para acompañar la evolución de la expectativa de vida. Y aparece un incentivo para seguir trabajando: con un cálculo actuarial renovado, quienes posterguen su retiro más allá del mínimo recibirían un haber mayor, ya que el monto se determinaría en función de la expectativa de vida restante al momento de jubilarse.

Otro cambio central está en cómo se entra y cómo se calcula la prestación. La iniciativa elimina el requisito de 30 años de aportes para acceder a un beneficio contributivo, con la intención de que el sistema tenga un alcance más universal. En ese marco, se crea una Prestación Básica (PB) que reemplazaría a la actual PBU y quedaría alineada al valor de la PUAM (mencionada en $223.297 a marzo de 2025), funcionando como piso mínimo.

Sobre esa base se sumaría una Prestación Proporcional (PP), definida por un cálculo actuarial que toma la historia completa de aportes del trabajador —relación de dependencia, monotributo y autónomos— y no solo los últimos 10 años como ocurre actualmente. Con ese criterio, la propuesta busca favorecer trayectorias laborales estables sin necesidad de “picos” salariales al final de la carrera.

El borrador también reordena el capítulo de pensiones. En invalidez, plantea la integración de las pensiones no contributivas por invalidez dentro del régimen contributivo, aplicando las mismas reglas de evaluación médica y baremos. En fallecimiento, propone que la pensión pase a ser universal, eliminando el requisito de “regularidad” de aportes de la persona fallecida.

Además, se incorpora un recorte a situaciones de superposición. Por un lado, se plantea el fin de pensiones vitalicias para cónyuges jóvenes, con una duración acotada según edad (por ejemplo, dos años de cobro para menores de 30). Por otro, si un jubilado enviuda, podría sumar únicamente la Prestación Proporcional del fallecido, manteniéndose el cobro de una sola Prestación Básica.

En términos fiscales, el informe estima que a largo plazo la reforma podría generar un ahorro cercano al 0,8% del PBI, lo que equivale a recortar alrededor del 10% del gasto previsional actual. Si bien el nuevo método de cálculo de haberes aumentaría el gasto en torno al 0,7% del PBI, ese efecto se compensaría con el ahorro derivado de la actualización de edades de retiro.

Por último, la propuesta incluye dos líneas complementarias: invitar a las provincias a transferir sus cajas al sistema nacional y habilitar un ahorro previsional voluntario. En síntesis, el plan se apoya en tres ejes fuertes: suba de edad jubilatoria, nuevo esquema de Prestación Básica y Proporcional, y unificación de pensiones (invalidez y fallecimiento) con límites para evitar duplicaciones.