Una vez más, los haberes de los jubilados se convierten en eje de un fuerte enfrentamiento en la Cámara de Diputados. Mientras los bloques opositores insisten en tratar una suba del 7,2% y elevar el bono mensual, el gobierno de Javier Milei intenta evitar el tratamiento del proyecto para no quedar expuesto a un eventual veto, tal como ya anticipó públicamente.

La oposición, encabezada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y sectores disidentes de la UCR, convocó a una nueva sesión este miércoles al mediodía para tratar un paquete de iniciativas previsionales. Tras el intento fallido de hace dos semanas, volverán a intentar reunir los 129 diputados necesarios para iniciar el debate.

En el centro de la discusión está la propuesta de un incremento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono extraordinario que permanece congelado en $70.000. Los opositores proponen llevar ese bono a $105.000 o incluso $115.000, lo que en total significaría una mejora de entre $56.940 y $66.940 para quienes perciben la jubilación mínima, actualmente en $304.723 en bruto.

Pese a lo acotado de la suma, desde el oficialismo ya dejaron claro que, de avanzar el proyecto, será vetado por Milei. Para evitar esa situación incómoda, La Libertad Avanza apuesta nuevamente a que la sesión no alcance el quórum. El respaldo de gobernadores provinciales, que son presionados por la Casa Rosada, será clave.

Fuentes opositoras aseguran que los mandatarios provinciales están recibiendo llamados del Ejecutivo nacional para desactivar el debate. Este martes, ocho gobernadores -incluidos los de Chaco, Neuquén y San Luis- estuvieron reunidos en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro Luis Caputo, donde firmaron acuerdos vinculados al programa "dólares del colchón", mientras en paralelo se negocia su apoyo legislativo.

Además del aumento a los jubilados, el temario de la sesión incluye la declaración de emergencia en discapacidad y el financiamiento del Hospital Garrahan, dos temas sensibles con los que la oposición espera tentar a legisladores cercanos a gobernadores para bajar al recinto.

Frente a esta ofensiva, el oficialismo ensaya una respuesta discursiva: acusan a sus adversarios de "demagogos" y denuncian un intento por desequilibrar el ajuste fiscal. Martín Menem, presidente de la Cámara baja, apuntó contra el kirchnerismo y sus nuevos aliados. “Proponen medidas irresponsables que costarían más de 12 mil millones de dólares”, afirmó. También calificó la propuesta como una "trampa" para hacer fracasar al Gobierno.

En paralelo, también se busca reinstalar la moratoria previsional, una herramienta que permitió a miles de personas sin 30 años de aportes acceder a la jubilación mínima, pero que venció este año. El oficialismo se niega a reactivarla, mientras bloques opositores como el Frente de Izquierda y Unión por la Patria exigen su prórroga.

Incluso hay iniciativas intermedias como la del diputado Nicolás Massot, que propone una jubilación proporcional al tiempo efectivamente aportado, eliminando el requisito de 30 años.

Desde el entorno de Milei, la orden es clara: resistir cualquier proyecto que implique más gasto público, incluso si se trata de mejoras modestas para los adultos mayores. En la mesa chica del Gobierno ya piensan en una reforma previsional propia, pero condicionada al resultado de las elecciones legislativas de octubre.

Por ahora, la estrategia es contener el debate y evitar nuevos costos políticos. En ese marco, el bloqueo al tratamiento de aumentos jubilatorios no responde solo a criterios económicos: es parte de un juego mayor, donde cada votación se traduce en una pulseada de poder en un Congreso fragmentado.