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Nacionales

Las estaciones de servicio pasan a ser “servicio esencial” y deberán garantizar el 75% del abastecimiento ante medidas de fuerza

El Gobierno nacional oficializó una reforma laboral que introduce cambios significativos en el funcionamiento de las estaciones de servicio y en toda la cadena vinculada al petróleo y gas. A partir de la promulgación de la Ley 27.802, la actividad de comercialización de combustibles fue incorporada dentro de la categoría de “servicios esenciales”.

Esta nueva clasificación implica que, frente a huelgas, paros o conflictos laborales, las estaciones de servicio estarán obligadas a mantener al menos el 75% de su nivel habitual de atención. El porcentaje establecido es superior al exigido para otras actividades consideradas de “importancia trascendental”, donde el mínimo operativo fijado es del 50%.

Desde el Gobierno sostienen que la decisión responde al carácter estratégico del abastecimiento de combustibles para el funcionamiento de sectores clave de la economía, como el transporte, la producción agropecuaria y la industria.

Nuevas reglas para medidas de fuerza

La reforma también modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, estableciendo nuevas condiciones para el ejercicio del derecho a huelga en el sector.

Entre los principales puntos que impactarán en las estaciones de servicio se destacan:

  • Cobertura mínima del 75%: Empresas y sindicatos deberán organizar guardias o esquemas laborales que aseguren la continuidad de gran parte del servicio durante conflictos laborales.
  • Regulación de asambleas: Las reuniones sindicales no podrán interrumpir el funcionamiento normal de la actividad y deberán coordinarse previamente con el empleador respecto a horarios y duración.
  • Sanciones por bloqueos: La normativa establece que las tomas de establecimientos y bloqueos serán consideradas infracciones “muy graves”, una práctica que en el pasado se registró durante negociaciones paritarias del sector.
Con estos cambios, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país, limitando el impacto que las medidas de fuerza puedan tener sobre la distribución energética y el funcionamiento de la economía.

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