Las principales cámaras bancarias del país expresaron un rechazo frontal al artículo del proyecto de “Modernización Laboral” que habilitaría el pago de salarios a través de billeteras virtuales y Proveedores de Servicios de Pago (PSP). En un documento enviado al Congreso, advirtieron que la medida podría generar riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales, y pidieron que se revise el contenido antes de su tratamiento parlamentario.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Adeba y Abappra remitieron el texto a legisladores y legisladoras vinculados al debate de la iniciativa del Ejecutivo, con destinatarios puntuales como Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Según plantearon las entidades, su objeción central apunta al artículo 35, ya que permitiría que “actores no bancarios” acrediten haberes sin exigirles un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para los bancos. A criterio de los bancos, eso implicaría una pérdida de protecciones legales esenciales, menos garantías para los usuarios y una asimetría regulatoria que dejaría al sistema con control insuficiente.

En el documento, las asociaciones subrayan que la normativa vigente exige que los salarios se depositen en cuentas abiertas en entidades financieras, con el objetivo de proteger ingresos alimentarios, favorecer la inclusión financiera y resguardar la estabilidad del sistema. En ese marco, remarcaron que no se trata de una traba “por atraso tecnológico”, sino de una decisión deliberada de política pública para asegurar un piso mínimo de seguridad jurídica y financiera.

Además, advirtieron que, de aprobarse el artículo cuestionado, podría producirse un impacto sistémico por “desintermediación”, reduciendo depósitos en bancos y afectando la capacidad de otorgar crédito. Incluso, Abappra estimó que el efecto podría traducirse en una contracción del crédito bancario de entre 0,44% y 0,75% del PBI, con consecuencias sobre inversión, empleo y actividad económica, especialmente en el financiamiento de pymes, productores regionales, comercio, vivienda y consumo.

Otro punto señalado es el de la infraestructura: las cámaras bancarias sostienen que los bancos cuentan con una red y capilaridad territorial que no sería replicable por PSP con estándares equivalentes, lo que según su visión— podría profundizar la exclusión financiera, sobre todo en el interior del país.

Por último, las entidades insistieron en que la acreditación inicial en un banco no limita lo que luego haga el trabajador con su dinero, y aseguraron que no ven beneficios concretos para el usuario al flexibilizar el mecanismo, sino un aumento de costos y riesgos. También recordaron que, para pagar sueldos bajo el marco vigente, cualquier actor puede hacerlo si obtiene la licencia correspondiente otorgada por el Banco Central.