Según estimaciones, más de 12 millones de personas (unos cuatro millones de hogares) mantienen deudas con los servicios de gas, electricidad y comunicaciones. La incobrabilidad es muy alta y con poca perspectiva de recuperarla a corto plazo, pero el índice de mora mejoró desde junio, según comentan desde las empresas. Además aseguran  que en su mayoría son hogares que quedaron sin ingresos por la pandemia y se amparan en las leyes que impiden el corte de suministro.

Desde el gobierno se analizan alternativas una vez concluida la pandemia que permitan a los deudores regularizar su situación, incluso absorbiendo parte de la deuda, aunque la reglamentación vigente establece que  debe generarse  un plan de pagos para esos hogares una vez se levante el congelamiento.

Dependiendo la provincia y el proveedor, la cobrabilidad del servicio de gas va desde el 90% al 84%. Distribuidora de Gas Cuyana, que suministra a Mendoza, San Juan y San Luis, actualmente se encuentra en el orden del 85%.

Por el lado del servicio eléctrico, fluctúa del 70% al 75%, según informa la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA).

Al mismo tiempo,  la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo Richards, aseguraron que van a \"coordinar acciones para proteger a las y los usuarios del servicio eléctrico en su carácter de consumidoras y consumidores\".

En los servicios de telefonía móvil e internet, el decreto vigente señala que en caso de no abonar el consumo, se aplaza hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de “brindar un servicio reducido que garantice la conectividad”.

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informaron que 400.000 usuarios de una de las operadoras que se acogieron a servicio reducido, y 75.000 hogares al mismo esquema para el Cable. 

La reglamentación vigente permite que, acreditando una baja del 50 % en los ingresos, puede  solicitarse el no corte del suministro por 180 días, accediendo a una prestación básica. Además pueden ingresar a la Tarifa Social para los distintos servicios jubilados, titulares de planes sociales, quienes reciban seguro de desempleo, discapacitados o en situación de pobreza. Los datos oficiales arrojan que actualmente hay 18 millones de personas en condición de pobreza.