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Migraciones desmintió que se vaya a permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que "es mentira que los extranjeros con antecedentes penales puedan ingresar al país", luego de que se derogara el viernes del decreto dictado por el expresidente Mauricio Macri.

Carignano criticó que se haya instalado "mucho marketing en el tema" por parte de actores de Juntos por el Cambio: "El macrismo puso mucha brillantina y lo que hizo fue achicar los plazos de la defensa que tenía un extranjero y eso fue declarado inconstitucional en varias instancias judiciales y hasta la propia ONU instó al país a derogar este DNU porque violaba garantías constitucionales".

"Ningún delincuente puede ingresar a la Argentina. Ni antes ni ahora, porque tenemos las mismas herramientas para expulsar a aquellos -extranjeros- que delinquen y las causales para impedir el ingreso de delincuentes a territorio nacional es el mismo en la ley de Migraciones que en el decreto 70", aseveró.
En ese marco, añadió que: "Les pido por favor que lean el articulo 29 de la ley -de Migraciones- y del decreto 70/2017 que es donde están las causales, los motivos que hacen que un extranjero no pueda ingresar a la Argentina o permanecer en el territorio nacional. Es el mismo artículo en la ley que en el decreto".
"No somos locos. No queremos que vengan los delincuentes extranjeros", manifestó y se preguntó: "¿A quién se le puede ocurrir que vamos a dejar a ingresar a los delincuentes?".
En un tono más punzante, Carignano instó a "no mentirle a la gente. Hay que hablarle en serio, no hacer terrorismo. Le están mintiendo a la gente porque quieren generar miedo".
El Decreto 138 publicado el viernes dejó sin efecto el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.
El Ejecutivo entendió que esa norma "resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos", medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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