El ingreso al Congreso del proyecto que propone cambios en la Ley de Glaciares activó un nuevo escenario de discusión que combina definiciones ambientales, criterios científicos y expectativas económicas. Desde el sector minero destacan que el debate debería centrarse en aspectos técnicos, ya que de su desenlace dependen inversiones de gran magnitud previstas para los próximos años.

La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei plantea dos modificaciones centrales. Por un lado, busca otorgar a las provincias un papel más determinante en la elaboración y revisión del inventario de glaciares. Por otro, propone que la protección alcance exclusivamente a aquellas geoformas que demuestren un aporte efectivo al sistema hídrico, dejando afuera a las que ya no cumplen esa función.

Desde la industria advierten que la normativa vigente, sancionada en 2010, genera márgenes de interpretación que introducen incertidumbre jurídica. Esa falta de claridad, sostienen, desalienta el avance de proyectos de gran escala. En ese marco, cámaras mineras y empresas exploradoras expresaron su respaldo a los cambios y anticipan un escenario de mayor dinamismo si prospera la reforma.

En provincias clave para el desarrollo del cobre, como San Juan, el acompañamiento al proyecto es explícito. Allí se concentran varios emprendimientos en etapas avanzadas y una alta presencia de geoformas inventariadas. Desde el sector aseguran que una actualización de la ley podría atraer nuevas exploraciones en el corto plazo y despertar el interés de compañías internacionales en un horizonte de cuatro a cinco años.

El trasfondo económico es relevante: proyectos como Vicuña, con desembolsos estimados entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, o El Pachón, que presentó un plan de inversión superior a los 10.500 millones bajo el régimen RIGI, observan con atención el debate legislativo. Ambos reclaman reglas más precisas para avanzar.

Sin embargo, la discusión no se limitará a montos e inversiones. Uno de los puntos más sensibles será la definición de conceptos científicos, en especial los vinculados a los glaciares de escombros y al ambiente periglacial. Estas geoformas, a diferencia de los glaciares descubiertos o cubiertos, no siempre aportan agua a las cuencas y pueden llevar miles de años inactivas.

Especialistas explican que los glaciares blancos y cubiertos, compuestos mayormente por hielo, cumplen un rol clave en la regulación hídrica y seguirían protegidos sin excepción. En cambio, los glaciares de escombros están formados principalmente por rocas y sedimentos, con temperaturas bajo cero sostenidas, pero no necesariamente liberan agua hacia ríos o arroyos.

Este criterio es el eje de la reforma propuesta: mantener la protección de las áreas periglaciares solo cuando se compruebe su valor estratégico como reserva hídrica. Un antecedente citado es el de una geoforma analizada en el área de El Pachón, donde estudios provinciales concluyeron que llevaba más de 3.500 años sin aportar agua, motivo por el cual se solicitó su exclusión del inventario.

La iniciativa también busca corregir una deuda pendiente de la ley actual. Si bien el Inventario Nacional de Glaciares se publicó en 2018 y determinó que el país cuenta con más de 8.400 km² de superficies con hielo o geoformas asociadas, los niveles más profundos de análisis nunca se completaron. Estos estudios requerían trabajos de campo, mediciones directas y monitoreo permanente en zonas de alta montaña, tareas que no avanzaron por limitaciones técnicas y presupuestarias.

Con estos antecedentes, el Congreso se prepara para un debate que promete ser intenso. Provincias con fuerte potencial minero ya expresaron su respaldo a la reforma, mientras que el desafío legislativo será equilibrar la protección ambiental con la necesidad de reglas claras que permitan definir el futuro de algunas de las mayores inversiones productivas del país.