La propuesta, bautizada “Ley del Usuario Responsable de Armas de Fuego”, introduce cambios sobre la Ley 20.429 —norma base desde los años setenta— con la meta de evitar trámites duplicados entre tenencia y portación y concentrar los controles en un seguimiento administrativo continuo.
Según los fundamentos firmados por Gerardo Milman, el esquema actual exige lo mismo a novatos y a usuarios con trayectoria limpia, generando una carga burocrática que no se traduce en mejores niveles de seguridad.
El Congreso volvió a abrir el expediente sobre armas en manos de civiles. Este lunes 10 de noviembre, ingresó una iniciativa que busca “modernizar” el régimen vigente y agilizar el acceso a la portación para quienes ya son legítimos usuarios y mantienen sus antecedentes y evaluaciones al día.
Qué cambia en el trámite
El proyecto plantea que quien ya está inscripto como legítimo usuario y renovó al menos una vez esa condición pueda solicitar la portación sin iniciar un proceso aparte del de tenencia. La lógica es que el Estado verifique de forma permanente el cumplimiento de requisitos, en lugar de repetir cada paso y cada pago en cada pedido de portación.
Requisitos y controles propuestos
Se incorpora un artículo 35 bis con condiciones específicas para portar:
Quien obtenga el permiso quedará asentado en el Registro Nacional de Portaciones de Armas de Fuego (RENPAF), con vigencia por dos años y revocación inmediata ante incumplimientos, uso indebido o novedades judiciales.
Trazabilidad y cruces de datos
La iniciativa enfatiza la interconexión de bases para monitorear en tiempo real a los usuarios. La ANMaC ya opera con cruces con RENAPER, Registro Nacional de Reincidencia y SIFCOP, herramienta que —según el proyecto— permite robustecer la trazabilidad sin ampliar el universo de armas en circulación.
Mirada comparada
El texto cita experiencias de Estados Unidos, Suiza, República Checa, Italia y Uruguay, donde la portación para usuarios con trayectoria acreditada se otorga mediante procedimientos simplificados pero estrictamente controlados. La apuesta, señala el autor, es combinar supervisión estatal con responsabilidad sostenida del ciudadano.
Objetivo declarado: aggiornamiento y eficiencia
Para sus impulsores, la Ley 20.429 conserva estructuras de hace más de medio siglo y requiere distinguir nuevos solicitantes de usuarios consolidados. Con la unificación parcial de procesos, sostienen, la ANMaC descomprimiría trámites redundantes, optimizaría recursos y fortalecería los controles sobre quienes ya están habilitados. La discusión legislativa definirá si este nuevo equilibrio entre agilidad y exigencia se convierte en ley. El proyecto completo a continuación:
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